Santo Domingo.- El doctor Pedro Rodríguez Montero dijo que ambos altos funcionarios judiciales son los primeros que se oponen a la seguridad jurídica y aprueban unilateralmente improcedentes aumentos en las tarifas de Servicios Notariales.
Esos pronunciamientos fueron hechos durante la ceremonia de inauguración del Primer Congreso Notarial Dominicano sobre Biometría, Firma digital y Asuntos no Contenciosos, en el cual expondrán 11 expertos nacionales y 13 representantes de Puerto Rico, Argentina, Colombia, Perú, Francia y España.
Señaló que la Procuraduría General de la República ha participado, en un documento, que ha establecido un “impuesto” de 600 y 500 pesos por actos notariales, judiciales y por sentencias de divorcio, servicios que son realizados por la legalización de firmas de notarios, intérpretes judiciales y representantes del Ministerio Público.
Indicó que, igualmente, la Suprema Corte de Justicia implementó el pago de 500 pesos por la expedición de certificaciones de juramentación de notarios, depósito de protocolo, registro de datos y depósito de la relación del Libro Índice de Notarios. Rodríguez Montero afirmó que también subió a 300 pesos la expedición de certificaciones por la juramentación de abogados, registros de notarios, registro de propiedades y otras informaciones sobre los auxiliares de la Justicia, como notarios públicos, alguaciles, intérpretes judiciales, venduteros públicos y otros, amparada en la resolución número 12-2014, del 31 de octubre de 2014, que aprueba el reglamento para el cobro de tasas por emisión de las certificaciones. Este Primer Congreso Nacional del Notariado Dominicano sobre “Biometría, Asuntos no Contenciosos y la Firma Digital”, y esta Jornada Nacional de Capacitación, se centrarán en la función notarial como estrategia para la seguridad jurídica.
Entre los expositores está el doctor Álvaro Rojas Charry, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado y Presidente de la Unión del Notariado Colombiano. También, la doctora Cristina Noemí Armella, especialista, rectora de la Universidad Notarial Argentina y ex directora de la Academia Notarial de la UINL; el doctor Alfonso Cavallé, experto español, consejero general de la UINL y el doctor Dennis Martínez Colón, vicepresidente para Norte, Centroamérica y El Caribe de la Unión Internacional del Notariado Latino.
En el evento que concluirá el próximo jueves 3 de diciembre la aplicación de nuevas tecnologías en la función notarial y biometría, el rol del Notario en la Preservación de la Seguridad Jurídica y la Responsabilidad del Notario: Disciplinaria, Penal y Etica, así como la Función Notarial y Política del Estado, la organización gremial y la casuística Notarial. Resaltó que el Colegio Dominicano de Notarios impulsa su firme estrategia para la seguridad jurídica, que busca reducir la comisión de fraudes bancarios e inmobiliarios, que en República Dominicana cada año ascienden a miles de millones de pesos. Dijo que el objetivo de este evento es evitar o reducir las millonarias pérdidas que sufren el Estado y el Sector Privado por la Clonación de Tarjetas de Créditos, la Circulación de Falsos Títulos de Propiedad, la Suplantación de Identidades y otros delitos. “No por el azar este Primer Congreso del Notariado Dominicano, incluye en su programa: El Sistema de Autentificación e Identificación Biométrica, El reto de la Función Notarial, el Ministerio Público, el Secreto bancario , la función Notarial ante el Blanqueo de Capitales, la Seguridad Jurídica, El Sistema Registral y la incidencia de la Escritura Pública en la Seguridad Jurídica, útiles para adoptar nuevos instrumentos notariales que serán soportes para que haya garantía integra, para la Inversión Privada Nacional y Extranjera”, manifestó. El doctor Rodríguez Montero expresó que este evento se desarrolla en la cresta de los escándalos de corrupción y del descontrol de los Organismos Superiores del Sistema Judicial Dominicano, cuyos máximos incumbentes evidencian incapacidad gerencial, al margen de sus reconocidas pericias como procesalistas, como limitantes y como profesores. “A esa incapacidad gerencial se suman, la inmadurez y la emotividad y, lo peor, el Presidente de la Suprema y el Procurador no se limitan a juzgar, sino que además están legislando, ejerciendo así el papel de juez y parte”, expuso.
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