Santo Domingo, (EFE).- Afirmó que serán los tribunales Superior Administrativo y el Constitucional que tendrán la última palabra con respecto a la decisión de la JCE.
Olivares proclamó que la resolución de la JCE está fundamentada en el artículo 81 de la Constitución de la República, que establece claramente que la redistribución de los escaños de los 178 diputados que se eligen a través del voto preferencial se hace de conformidad con el último censo de población y vivienda
. "El artículo 81 lo plasma de una manera tan clara, tan meridiana, que no requiere ningún tipo de interpretación, de modo, que serán los tribunales los que tendrán la última palabra, como debe ser, con esta decisión de la Junta Central Electoral", enfatizó. Observó que con la redistribución no se trata de que desaparezcan nueve escaños, sino que han sido cambiados de lugar en función de las migraciones que se produjeron antes de hacerse el censo del año 2010.
En ese sentido, explicó que ocho diputaciones pasaron a la provincia de Santo Domingo y uno a La Altagracia, lo cual afectó igual cantidad de provincias. "De modo, que ciertamente causa algún impacto con relación a las actividades o con las gestiones propias de esta etapa de la campaña electoral", subrayó el juez de la JCE, en nota de prensa divulgada por el periodista Federico Méndez.
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