Santo Domingo, (EFE).- El marcado interés del jefe de Estado en un caso que ha conmocionado a la opinión pública local, parece dirigido a impedir que la corrupción manche con tinta indeleble uno de los más preciados programas que ejecuta su Administración: la construcción de 28.000 aulas para la educación preuniversitaria.
Y es que el programa de edificaciones escolares lo creó Medina para "sembrar" de escuelas todo el país, además de que se ejecuta con la previa realización de sorteos en los cuales participan todos los profesionales del ramo y las empresas de construcción dominicanos que así lo deseen.
El aparente suicidio del arquitecto David Rodríguez en la propia sede de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), uno de los organismos responsables del programa de construcciones, hizo que Medina acortara en un día su viaje a Nueva York y llamara de inmediato a su despacho al director de esa entidad estatal, Francisco Pagán, con unos dos meses en el cargo.
El desdichado profesional dejó un escrito en el que nombra a un ex alto cargo de Oisoe y a un coordinador de obras de ese organismo, quienes fueron apresados y, junto a un abogado cómplice, sometidos ante la Justicia, acusados de extorsión, asociación de malhechores, chantaje y corrupción.
De acuerdo a las investigaciones, el exdirector de Edificaciones Escolares de Oisoe Alejandro de los Santos, creó una red de extorsión mediante la cual presionaban a los contratistas de escuelas para que les tomaran dinero prestado con intereses mucho más elevados que la banca comercial.
Otra práctica, según los indicios, era la de que presionaban a los responsables de las obras para que las entregaran en determinado tiempo, y si no lo hacían, a nombre de Oisoe intervenían las construcciones ocasionándoles pérdidas millonarias a esos contratistas.
Además, los acusados supuestamente obligaban a los contratistas a subcontratar servicios como jardinería, electricidad, ornato y otras, con empresas propiedad de ellos. Otro detalle de las investigaciones refleja que a los contratistas que se negaban a esos requerimientos, los acusados ejercían sus influencias en la institución para evitar que estos cobraran las partidas correspondientes a los avances de las obras.
Una fuente de entero crédito expresó a Efe que aunque Medina no ha emitido declaración alguna al respecto, está "muy interesado" en que la verdad aflore en este asunto y que el peso de la ley caiga sobre los acusados y cualquier otra persona que resulte involucrada, "sin importar las consecuencias".
"El presidente está empeñado en que todo se aclare y se castigue ejemplarmente a quienes hayan cometido violaciones a la ley; él ha dado muestras de que no permite este tipo de acciones y su ejercicio desde el poder así lo demuestra", dijo la fuente que pidió el anonimato.
La vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, apoyó las acciones de la Justicia en este caso y el desempeño del propio director de Oisoe, Francisco Pagán, quien desde el primer momento ha puesto empeño en que todo se aclare. Los investigadores han establecido que todo el entramado de extorsión antecede a la gestión del funcionario.
El Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) y otros sectores han solicitado al Gobierno que elimine a Oisoe, mientras la oposición política ha aprovechado las circunstancias para arreciar sus ataques a Medina, quien es el candidato favorito para las elecciones generales de mayo venidero.
Una de las opiniones más contundentes las emitió el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, al considerar que si los acusados son descargados en los tribunales, "se estaría enviando el negativo mensaje a todos los funcionarios públicos de que tienen luz verde para robar porque no habrá sanciones".
Domínguez, cuya oficina está al frente de las investigaciones, consideró que en República Dominicana no se puede seguir hablando del fortalecimiento en el sistema de justicia y del Estado de derecho, mientras la Justicia no se aplique con la misma venda en los ojos contra la delincuencia de cuello blanco.
A su entender, este es uno de los delitos más graves, que lacera directamente el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de ver manejar con transparencia y eficacia el dinero que fruto de su esfuerzo y sacrificio, pasa a formar parte del erario.
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