Santo Domingo.-, Esta posición se suma a la de otros sectores públicos y privados que objetan ese marco legal por las distorsiones que crea. , debido a las perturbaciones que la aplicación de algunas de sus disposiciones crearía en la economía y en la sociedad.
Asimismo la liga advirtió, “que la aplicación de esa legislación tendría un impacto altamente negativo para los millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.” También señaló, que ese marco legal “afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización, como el retiro de cuentas a nombre de un familiar fallecido, protesto de cheques, donaciones, sucesiones, actos de venta, permutas, hipotecas y otros tipos de actos notariales.”
De igual modo, valoró como sensato el proyecto presentado por Senador Charlie Mariotti para aplazar por un año la aplicación de la citada ley –que fuera aprobado el pasado jueves en primera lectura- y se expresó esperanzada, en que dicha reforma prospere en ambas Cámaras Legislativas para que pueda procederse a las modificaciones y adecuaciones pertinentes, “porque así se evitarían efectos negativos para los clientes bancarios y los ciudadanos en general, que por una razón u otra requieran la participación de notarios en las operaciones que realizan”.
Igualmente estimó como valederas, las objeciones a la legislación externadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), firmas de abogados independientes y otros sectores que consideran “que la referida ley tendrá efectos negativos sobre la ciudadanía.” LIDAAPI subrayó, que las nuevas tarifas establecidas en dicha Ley para los servicios notariales –si se mantiene vigente- “provocarían alzas muy pronunciadas en los servicios que ofrecen las Instituciones Financieras al público, impactando negativamente en el crédito y limitando su acceso al mismo, sobre todo, para la clase económica de menores ingresos que es la beneficiaria de los proyectos de viviendas de bajo costo.”
Además, consideró “que se trata de una legislación contraproducente frente a los esfuerzos por la inclusión financiera, la democratización del crédito y el acceso a la vivienda digna que se promueven tanto desde el Gobierno como del propio sector privado.” Finalmente, LIDAAPI aclara y deja constancia de que no se opone a que la ley por la cual se regían los Notarios, que data del año 1964, sea revisada; sino, que “por razones de proporcionalidad, equidad y razonabilidad, la Ley No. 104-15 no sólo debe ser aplazada en su aplicación, sino también, sometida a discusión con los distintos sectores envueltos en la misma, para que sea modificada en aquellos aspectos que afectan a la mayoría de los ciudadanos.”
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