Santo Domingo (EFE).- Durante una conferencia de prensa que pronunció ayer en el Centro
Cultural Malcom X, De Blasio criticó las deportaciones con motivo del
vencimiento del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que calificó de
acto ilegal, inmoral y racista, y sugirió un boicot a la República Dominicana
como medida de presión al respecto.
Entre los legisladores que piden una respuesta contundente a las
afirmaciones del político neoyorquino, se encuentra el diputado por la Fuerza
Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, que llamó a los dominicanos
en el exterior a organizar una marcha de repulsa.
"Creo que todos los partidos con presencia en la ciudad de Nueva
York debemos unirnos y preparar una gran marcha de protesta en contra del
alcalde, que lo vea Estados Unidos entero", dijo.
También el Secretario General del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), Ramón Rogelio Genao, hizo un llamado a la diáspora dominicana en Nueva
York "a protestar cívica y patrióticamente" contra el alcalde De
Blasio por el agravio que suponen sus declaraciones, y consideró que el
Congreso Nacional debe declararlo "No Grato".
Igualmente, el miembro de la Comisión de Fronteras de la Cámara de
Diputados Rafael Méndez, consideró que es necesaria una "respuesta
oportuna y en defensa del interés nacional" ante las informaciones
distorsionadas sobre el proceso que circulan a nivel internacional, fruto de la
ignorancia sobre el tema.
También representantes del sector empresarial pidieron al gobierno salir
en defensa del país ante las críticas expresadas por De Blasio sobre el plan de
regularización, declaraciones que atribuyen al desconocimiento de la realidad
dominico-haitiana.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Industrias de
República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, consideró que De Blasio "no
conoce un carajo donde queda República Dominicana ni Haití, ni las realidades
de los dos países".
"Alguien se le acercó con un papel y le pidió que hiciera esas
declaraciones", opinó Moya, "pero nadie lo edificó sobre lo que
estaba ocurriendo en República Dominicana", dijo durante la presentación
de un informe estadístico elaborado por el Centro de Desarrollo y
Competitividad Industrial (Proindustria).
Precisamente, la directora general de este organismo, Alexandra
Izquierdo, salió en defensa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros
que, una vez finalizado el pasado día 17 de junio, ha dado paso a las
deportaciones de aquellos inmigrantes que no se han sometido este proceso.
"Aquí se ha dado siempre un trato humano a la mano de obra
extranjera, y lo que hemos hecho es algo que manda la Ley, que es que los
extranjeros deben regularizar" su situación en el país.
También el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y
Mediana Empresa (Codopyme), Isachar Burgos, defendió la postura gubernamental
al llevar a cabo el proceso de regularización.
Dada la controversia suscitada fuera del país tras la finalización de
este proceso, el Gobierno dominicano anunció hoy que lanzará una campaña de
comunicación internacional para explicar los resultados reales obtenidos en el
Plan.
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