Santo Domingo (EFE).- La iniciativa crea "los mecanismos legales" para que las obras públicas contratadas por el Estado no puedan llevarse a cabo con mano de obra extranjera en condición irregular, precisó el diputado en una conferencia de prensa.
Al mismo tiempo, dijo que el proyecto de ley persigue el cumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo de República Dominicana, que establece que las empresas deben contratar un 80 % de personal dominicano y solo el restante 20 % puede ser extranjero.
La propuesta del diputado por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) llega a casi una semana de que concluyera el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de extranjeros, que afecta en su mayoría a haitianos y al que se acogieron unos 288,000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía.
Precisamente, Castillo Semám dijo que "si el Estado ha hecho un esfuerzo con el Plan y estamos en un proceso serio de ordenar nuestro sistema migratorio, las obras públicas que construye el Estado a través de contratistas privados no pueden sustentarse sobre la mano de obra ilegal".
"No podemos tener un Estado repatriando ilegales, por un lado, y construyendo sus obras a base de ellos", agregó.
Este proyecto establece los mecanismos para que el contratista privado que trabaje para el Estado tenga que contratar mano de obra extranjera que esté regularizada, con estatus migratorio definido y, al mismo tiempo, cumplir con la proporción de 80-20 que establece el Código de Trabajo", expresó Castillo Semán.
La iniciativa establece que el contratista, con sus expedientes para reclamar el pago de las obras al Estado, tendrá que depositar la lista de sus empleados.
La pieza contempla un plazo de un año para la entrada en vigencia de dicha ley, para permitir de esta manera que los contratistas del Estado puedan cumplir con estas disposiciones.
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