Santo Domingo.- Frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y el aumento de los costos globales, el Gobierno dominicano presentó una ambiciosa estrategia fiscal que busca recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales para preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar la continuidad de la inversión pública y los programas sociales.
La iniciativa, que será sometida al Congreso Nacional, fue presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que el plan se sustenta en cuatro pilares: crecimiento económico, simplificación tributaria, combate a la evasión fiscal y consolidación de las finanzas públicas.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que excluye modificaciones al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), evitando afectar directamente el consumo general de la población. Tampoco contempla nuevos gravámenes para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sector considerado clave para el empleo y la actividad económica nacional.
Las principales medidas
El componente más significativo del proyecto es una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto Sobre la Renta empresarial para grandes contribuyentes, elevándolo de manera transitoria al 30 % durante tres años.
La medida afectaría únicamente a empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales, un universo de poco más de mil compañías que representan menos del 1 % de las empresas que presentan declaraciones tributarias en el país.
Asimismo, la propuesta contempla:
Incrementar el impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 %.
Crear un impuesto selectivo para cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Aumentar la tributación sobre casinos y juegos de azar.
Elevar en diez dólares el impuesto sobre los boletos aéreos.
Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para reducir la evasión tributaria.
Paralelamente, el Gobierno propone eliminar diversos impuestos considerados obsoletos, algunos con más de un siglo de vigencia, incluyendo los gravámenes sobre hipotecas, fósforos y estampillas.
Alivio para la clase media
Uno de los elementos más esperados por los asalariados es la actualización del mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas.
La propuesta elevaría el umbral libre de impuestos desde RD$34,685 hasta RD$39,900 mensuales, lo que permitiría que miles de trabajadores con ingresos medios dispongan de una mayor capacidad adquisitiva.
También se incrementaría la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, llegando hasta un 50 % cuando se trate de educación para personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo.
Estas disposiciones entrarían en vigencia a partir de enero de 2027.
Un respiro para las mipymes
Las microempresas figuran entre las principales beneficiarias de la reforma.
El proyecto elimina completamente el pago de anticipos para este segmento empresarial, mientras que las pequeñas empresas pasarían de realizar doce pagos anuales a solo tres.
Además, el sector agropecuario quedaría exento tanto de anticipos como del impuesto a los activos, una medida que busca estimular la producción nacional y fortalecer la seguridad alimentaria.
Las ventajas del plan
Economistas y sectores productivos podrían valorar positivamente varios aspectos de la propuesta:
Protección al consumo
Al no modificar el ITBIS ni ampliar su base tributaria, se evita un impacto inmediato sobre los precios de bienes y servicios de consumo masivo.
Apoyo a las mipymes
La eliminación de anticipos reduce significativamente las cargas financieras para miles de pequeños negocios.
Mayor poder adquisitivo
El aumento del mínimo exento del ISR permitirá que una parte importante de la clase media conserve una mayor proporción de sus ingresos.
Simplificación tributaria
La eliminación de impuestos obsoletos contribuye a modernizar el sistema tributario y reducir costos administrativos.
Mayor fiscalización
Los mecanismos contra la evasión podrían ampliar la base de contribuyentes efectivos sin necesidad de crear impuestos generalizados.
Los desafíos y posibles críticas
Sin embargo, la propuesta también enfrenta cuestionamientos y riesgos potenciales.
Mayor carga para grandes empresas
La sobretasa temporal del ISR podría ser vista por algunos sectores empresariales como una señal que reduce la competitividad fiscal frente a otros mercados de la región.
Incremento de costos financieros
El aumento del impuesto a las transferencias electrónicas podría afectar operaciones bancarias frecuentes tanto de empresas como de ciudadanos.
Impacto sobre el turismo aéreo
El aumento de diez dólares al impuesto sobre boletos aéreos podría generar preocupación en un sector que ha sido uno de los motores del crecimiento económico reciente.
Poder de veto sobre incentivos
La facultad otorgada al Ministerio de Hacienda para intervenir en decisiones relacionadas con incentivos fiscales podría generar debates sobre el alcance de esa atribución.
Dependencia de la eficiencia recaudatoria
Parte importante de los ingresos proyectados dependerá del éxito de las medidas contra la evasión y la informalidad, un reto histórico para la administración tributaria.
Un equilibrio entre ajuste y crecimiento
El Gobierno sostiene que la propuesta busca evitar medidas más agresivas sobre el consumo y proteger a los sectores más vulnerables de la población, mientras asegura recursos suficientes para sostener el crecimiento económico y la inversión pública.
La iniciativa llega en un contexto internacional complejo, marcado por conflictos geopolíticos, volatilidad energética y desaceleración económica en varios mercados, factores que han obligado a numerosos países a revisar sus políticas fiscales.
El debate ahora se trasladará al Congreso Nacional, donde empresarios, economistas, legisladores y distintos sectores sociales analizarán una propuesta que podría convertirse en una de las reformas económicas más relevantes de los últimos años.
La discusión definirá si el plan logra alcanzar el delicado equilibrio entre recaudar más recursos para el Estado y mantener el dinamismo que ha caracterizado a la economía dominicana durante la última década. H.A.A.
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