En las últimas décadas, los espacios verdes urbanos han sido reconfigurados bajo las lógicas de mercado. Esta transformación responde a una racionalidad neoliberal que redefine lo público, lo natural y lo accesible en función de intereses económicos. ¿Qué significa esto para parques y áreas verdes en ciudades como Santo Domingo, Santiago, Higüey o Punta Cana? ¿Qué tipo de ciudadanía se privilegia o se excluye cuando un espacio natural pasa a ser gestionado como recurso para atraer inversiones o elevar el valor inmobiliario?
Desde una perspectiva sociológica crítica, el neoliberalismo puede definirse como un modelo de racionalidad política que somete todas las esferas de la vida social —incluyendo la naturaleza— a las lógicas del mercado. David Harvey lo conceptualiza como “una teoría de prácticas políticas económicas que propone que el bienestar humano se puede maximizar liberando las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, mercados libres y libre comercio”. Esta visión transforma incluso los espacios públicos naturales en mercancías sujetas a rentabilidad, gestión por indicadores y explotación simbólica para atraer inversiones. Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el neoliberalismo es la “doctrina que propugna la reducción al mínimo de la intervención del Estado en asuntos económicos”. Ambas definiciones coinciden en su énfasis en la desregulación y en la supremacía del mercado, incluso cuando se trata de bienes comunes como los parques.
Por otro lado, el concepto de espacio verde también merece atención. La RAE lo define como un “terreno de vegetación en las zonas urbanas destinado a uso público”. Desde el enfoque estatal, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana ha sostenido que “los parques urbanos, además de su valor ecológico, cumplen funciones educativas, recreativas y de estabilización climática, y deben ser preservados como parte del cinturón verde que limita el crecimiento urbano desordenado”. Sin embargo, bajo la lógica neoliberal, estas funciones tienden a perder peso frente a intereses que buscan embellecer el espacio para elevar su valor turístico o inmobiliario, desplazando poblaciones y negando el carácter popular y comunitario del parque.
En ciudades como Santo Domingo y Santiago, la transformación urbana ha venido acompañada de procesos de revalorización territorial donde los espacios verdes son incorporados a estrategias de marketing urbano y atracción de inversiones. La construcción de áreas recreativas modernas, corredores ecológicos y proyectos paisajísticos frecuentemente mejora la imagen de la ciudad, pero también puede generar dinámicas de exclusión social. Sectores populares, vendedores ambulantes, recicladores informales o jóvenes de barrios cercanos muchas veces encuentran mayores restricciones simbólicas o materiales para usar estos espacios, especialmente cuando predominan criterios de vigilancia, control y “orden urbano”.
Un ejemplo de estas tensiones puede observarse en el entorno de Bávaro y Punta Cana, donde numerosos espacios públicos y áreas verdes han sido progresivamente reorganizados para responder al modelo turístico e inmobiliario dominante. En distintas zonas, el acceso real a espacios recreativos y naturales queda condicionado por proyectos privados, controles de seguridad o dinámicas de consumo asociadas al turismo de alto nivel adquisitivo. Aunque formalmente existan áreas abiertas, en la práctica muchos residentes locales perciben que ciertos espacios han dejado de estar pensados para la convivencia comunitaria y han pasado a funcionar como extensiones del paisaje turístico destinado a la inversión y la valorización inmobiliaria.
También en Higüey pueden observarse contradicciones entre crecimiento urbano y planificación ambiental. El rápido desarrollo urbano de los últimos años ha reducido áreas verdes comunitarias y aumentado la presión sobre espacios públicos que anteriormente cumplían funciones recreativas y sociales para sectores populares. La expansión territorial vinculada al turismo regional y a proyectos inmobiliarios modifica el uso del suelo y produce nuevas desigualdades en el acceso a espacios de recreación y contacto con la naturaleza.
En contraposición a esta lógica neoliberal, algunas ciudades latinoamericanas han apostado por modelos de gestión participativa de espacios verdes, en los cuales la comunidad desempeña un rol activo en el diseño, uso y preservación del parque. El caso de Medellín y su red de ecoparques comunitarios es ilustrativo: en lugar de expulsar a los sectores populares, se promueve su integración como cuidadores y usuarios activos. Algo similar puede observarse en Curitiba, Brasil, donde múltiples parques urbanos fueron integrados a políticas de movilidad, educación ambiental y participación ciudadana, priorizando la función social y ecológica del espacio público por encima de la pura rentabilidad inmobiliaria. Estos casos demuestran que es posible construir sostenibilidad urbana con inclusión social, reconociendo que el derecho a la ciudad también implica el derecho colectivo a la naturaleza urbana.
El espacio verde no debe ser tratado como una vitrina para la inversión, sino como un territorio vivo donde se reproduce la ciudadanía. De lo contrario, el parque dejará de ser público, aunque siga teniendo entrada libre.
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