El abogado Julio Cury argumenta que el proceso penal contra el exministro Donald Guerrero debería extinguirse automáticamente, ya que ha superado el plazo legal sin retrasos por parte de la defensa. Critica al Ministerio Público por no concluir el caso y cuestiona las medidas restrictivas impuestas a Guerrero.
Santo Domingo.- El abogado Julio Cury sostuvo que la acción penal en el proceso seguido contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero debería declararse extinguida de manera automática, al considerar que el plazo máximo de duración del proceso venció hace años sin que la defensa haya provocado retrasos en el expediente.
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, transmitido por Z101, Cury aseguró que la defensa de Guerrero no ha presentado recursos ni incidentes con fines dilatorios y atribuyó exclusivamente al Ministerio Público la responsabilidad de que el caso no haya concluido dentro de los plazos establecidos por la ley.
“El proceso tiene una extinción de cajón”, afirmó el jurista, al indicar que Guerrero fue citado por primera vez ante el Ministerio Público en febrero de 2021, fecha que, según explicó, marca el inicio del cómputo procesal.
Cury argumentó que, desde entonces, comenzó a correr el plazo máximo de duración del proceso sin que se produjera una decisión definitiva. “Donald Guerrero nunca ha presentado un incidente a lo largo del proceso”, expresó, al sostener que no puede imputarse a la defensa el retraso del expediente.
El abogado señaló que corresponde al órgano acusador conducir la investigación y presentar acusación dentro de los límites legales. “A quien hay que cuestionar a partir de la extinción es al Ministerio Público, que no ha sido capaz de llevar el proceso a término sin dejar vencer el plazo de la duración máxima”, manifestó.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y el Código Procesal Penal modificado en 2025, la duración máxima de un proceso penal es de tres años, prorrogable hasta cuatro años en casos declarados complejos.
Según lo expuesto por Cury, en el expediente relacionado con el exministro de Hacienda ese plazo habría vencido hace cerca de dos años.
El jurista también cuestionó las medidas restrictivas impuestas contra Guerrero durante la investigación, entre ellas una alerta migratoria colocada en noviembre de 2020 y otras limitaciones que, según dijo, permanecieron vigentes durante más de dos años sin que existiera una acusación formal presentada oportunamente.
A juicio del abogado, esas actuaciones resultan incompatibles con las garantías fundamentales del debido proceso y evidencian excesos en la conducción del caso.
Cury enmarcó además el expediente dentro de una crítica más amplia a los procesos de corrupción administrativa impulsados por el Ministerio Público, al considerar que las investigaciones se han construido sobre casos “excesivamente voluminosos” y difíciles de manejar.
Según sostuvo, esa estrategia termina debilitando los propios expedientes y acercándolos a una eventual extinción. “Cuando el Estado no puede sostener un proceso dentro de los límites que impone la ley, la consecuencia jurídica no puede ignorarse”, concluyó. H.A.A.
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