Abogado del Banco Central se querella contra Baltasar Garzón por "ejercer" ilegalmente como abogado en el país

La instancia fue interpuesta por Carlos Salcedo ante el Departamento de Recepción de Denuncias y Querellas de la Fiscalía del Distrito Nacional, centro de la capital dominicana. El letrado pidió que Garzón sea condenando al pago de una indemnización de 250 millones de pesos (unos 5,8 millones de dólares) por "ejercer" de manera "ilegal" el derecho en República Dominicana.

Estos recursos, agregó, deberán ser utilizados para capacitar a los letrados locales.

Salcedo, quien es abogado del Banco Central de República Dominicana, criticó, entre otros asuntos, una carta que Garzón envío recientemente al procurador general, Francisco Domínguez Brito, en la que le pidió ordenar la libertad del economista y exembajador dominicano en Francia Luis Álvarez Renta, quien purga una condena de diez años por la quiebra en 2003 del banco local Baninter, del que era asesor.

El exjuez español defendió la semana pasada en un programa de la televisión local las consideraciones que ha emitido últimamente en torno a cuestiones locales como el sometimiento, además, a la Justicia por presunta corrupción del expresidente Leonel Fernández. Garzón, quien fue entrevistado en el programa de televisión "Hoy Mismo", dijo que tiene derecho a opinar, -"aquí o en Pekín"-, sobre esos y cualquiera otros temas.

El conductor del programa televisivo es el comunicador y embajador dominicano en España, César Medina, públicamente defensor de las ejecutorias gubernamentales de Leonel Fernández.

De acuerdo a sus declaraciones, Fernández no cometió los delitos de corrupción que le imputa el excandidato presidencial Guillermo Moreno, del minoritario partido Alianza País. Y, en cuanto a Álvarez Renta, reiteró su opinión de que este ya cumplió con la pena que le fue impuesta por lavado de activos. Aseguró que los diez años de prisión a que fue condenado Álvarez Renta fueron cumplidos en junio pasado.

Baltasar Garzón, quien fue sancionado en su país por ordenar escuchas telefónicas ilegales, tiene a su cargo la defensa de casos como el del fundador de WikiLeaks Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres.