Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, rechazó las pretensiones de modificar la
constitución para restablecer la reelección, tras considerar que sería un duro
golpe y una burla al sistema democrático, en el entendido de que no existen en
el país las bases y controles institucionales que garanticen una contienda
electoral en igualdad de condiciones para todos los actores políticos.
La entidad cívica reiteró la necesidad de un referendo
aprobatorio para validar una reforma constitucional con el único propósito de restablecer
la reelección presidencial, lo cual no es factible por el tiempo para su
realización, así como también la creación y modificación de leyes necesarias
para su logística e implementación.
Potentini destacó
el carácter semi-rígido o clausula pétrea de que esta revestida la
Constitución, por efecto y mandato del artículo 272, que prevé el referendo
aprobatorio, el cual hace referencia a futuras reformas constitucionales vía
este mecanismo, condicionando su implementación y desarrollo a modificaciones
constitucionales en los siguientes temas: DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
FUNDAMENTALES, sobre el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de
nacionalidad, CIUDADANÍA y extranjería, el régimen de la moneda, así como los
procedimientos de reforma establecidos en la Constitución.
Asimismo el
jurista explicó que de cara a una eventual modificación lo que estaría en juego
es el derecho fundamental del actual presidente, además del componente de
derecho de ciudadanía también objeto de referendo previsto en la doble
condición prevista en el artículo 22 y su primer numeral de la constitución,
bajo el epígrafe de "Derechos de ciudadanía" expresa lo siguiente: Son
derechos de ciudadanas y ciudadanos: 1) Elegir y ser elegibles para los cargos
que establece la presente Constitución;
En suma podemos afirmar que el derecho fundamental
en el plano democrático, de elegir y ser elegible, y su configuración de
derecho de ciudadanía, nunca han estado en cuestionamiento, de ahí la
existencia del amparo electoral, incluso previsto con anterioridad en la actual
ley electoral, además de una larga tradición jurisprudencial, por eso decimos
que el modificar el artículo 124 de la constitución dominicana sobre la
re-postulación presidencial por tratarse además de la elección de uno de los cargos
públicos que prevé la constitución en la parte in-fine del artículo 22.1, configurando
así los dos componentes de los artículos 124 y 22.1, lo que nos llevaría indefectiblemente
a la celebración de un referendo aprobatorio en los términos del artículo 272. No
hay dudas de que los referidos artículos configuran de manera inequívoca las
dos condiciones, de elección y el cargo de presidente contemplado en la
constitución.
Asimismo Potentini llamo a la clase política a respetar el orden
constitucional e institucional, al tiempo de lamentar que la reelección en la República
Dominicana por la falta de una ley de partidos políticos y otras previsiones, se
ha convertido en sinónimo de corrupción.
Para Justicia y Transparencia una
ley de partidos políticos, deberá contemplar lo relativo a la celebración de
las primarias de los partidos para candidaturas y posiciones dirigenciales, el
tope del financiamiento y gastos de los partidos y candidatos, la limitación de
la duración de la campaña, la obligatoriedad de tomar licencia de funciones
públicas para los funcionarios candidatos a cualquier posición electiva o
partidaria, el castigo ejemplar de las prácticas clientelares, entre otras
consideraciones, indispensables para la institucionalidad democrática.
La entidad de sociedad civil
aseguro que solamente en las urnas luego de una contiendo electoral es donde
único se puede evidenciar la llamada voluntad popular, nunca en las encuestas,
cuyos resultados y apreciaciones bien pudieran cambiar a partir del desarrollo
de los acontecimientos políticos y proselitistas de las diferentes
candidaturas, cuya mal llamada voluntad política estará supeditada al orden
jurídico y constitucional, nunca por encima, como recientemente proclamara el Ministro Administrativo de la Presidencia, José
Ramón Peralta.
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