El fin de año pondrá fin al período de "austeridad" del Gobierno dominicano
miércoles 18 de septiembre de 2013, 03:30h
Las
medidas de "austeridad" en todas las entidades públicas, dispuestas por el
Presidente de la República, Danilo Medina, el 22 de agosto de 2012, continuarán
vigentes hasta el 31 de diciembre del presente año. Dichas medidas estaban
originalmente contempladas en el decreto 499-12, el cual es ratificado por el
decreto 262-13. La "austeridad" está establecida no solo para la administración
central del Estado, sino también para los organismos autónomos y
descentralizados.
El
Poder Ejecutivo explica que la extensión del periodo de austeridad
gubernamental se debe al éxito de las medidas implementadas para los fines de
racionalizar el gasto en el sector público, además de "mejorar el sistema de
rendición de cuentas".
Bajo esos argumentos el Poder Ejecutivo, "frente a la
situación económica actual, ha considerado útil y necesario mantener la
vigencia de dichas medidas hasta el final del ejercicio presupuestario 2013".
El decreto "austero", que está "ajustado a las
apropiaciones presupuestarias institucionales", prohíbe que las entidades
públicas centralizadas y descentralizadas "comprometieran gastos sin contar con
las correspondientes apropiaciones presupuestarias, consignadas en las cuotas
periódicas de compromisos aprobadas por el Ministerio de Hacienda".
El decreto 499-12 del 22 de agosto del pasado
año prohibía la adquisición de vehículos nuevos de parte de entidades del
Gobierno, así como fiestas, almuerzos, recepciones, agasajos y cualquier otra
actividad de dicha índole. Al anunciarse
la medida de austeridad se señalaba que buscaba "disciplinar las finanzas
públicas, fortalecer las cuentas fiscales y asegurar la estabilidad
macroeconómica de la República Dominicana".
El gobierno de Danilo Medina inició su mandato
con la pesada herencia de un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos, 203
mil millones según otras fuentes. La política
de austeridad que impulsaba Medina desde iniciar su presidencia prohibía
también la asignación del uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto
nivel, "con excepción del Presidente, Vicepresidenta, ministros, directores o
administradores generales de los organismos autónomos y descentralizados
instituidos por leyes".
Otras acciones
que quedaban vetadas eran los "obsequios en sentido general, tarjetas de
navidad, distribución de canastas navideñas, con excepción de las que se
realicen a personas de escasos recursos a través de los órganos encargados de
los planes asistenciales del Estado".
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