La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) participó en vistas públicas sobre el Proyecto de Ley General de Alquileres, destacando la necesidad de actualizar la normativa. Propusieron garantizar la tutela judicial efectiva y eliminar topes en contratos comerciales, además de crear un fondo de garantía para inquilinos.
Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) participó el pasado jueves en las vistas públicas convocada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputadosqueestudiael Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios.
En representación de ANJE,asistieron Boris De León, vicesecretario de la Junta Directiva y co-coordinador de su Comisión de Justicia y Legislación, y Crystal Fiallo Scanlon, directora ejecutiva, quienes expresaron la importancia de actualizar la normativa de Alquileres, que posee más de cuatro décadas de vigencia.
Durante su participación en las Vistas, así como en la Matriz de Comentarios depositada por ANJE, los representantes enfatizaronsobre el reto de estimular el desarrollo y aumentar la oferta de inmuebles en alquiler en el país, así como el mandato constitucionalde fomentar la iniciativa privada y el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, como elementos que deben orientar los trabajos de la Comisión Especial que estudia el Proyecto de Ley.
“La propiedad privada, cuando se coloca en alquiler, se hace en una situación de riesgo”.Para estimular la inversión y aumentar la oferta de inmuebles en alquiler,“debe garantizarse la tutela judicial efectiva y oportuna” ante situaciones de conflictos entre inquilinos y propietarios, procurando que sean resueltos en “no más de seis meses y permitiendo el uso de cláusulas arbitrales”,destacóBoris De León.
La directora ejecutiva, Crystal Fiallo, dio lectura al documentodepositadoante la Comisión Especial,donde, entre otros aspectos, se propuso que los topes de reajuste de precios sólo apliquen en ausencia de estipulación contractual yque se garantice la ejecutoriedad inmediata de las sentencias de primer grado, en todos los conflictos que surjan por falta de pago o por la llegada del término del alquiler.
Con relación a los depósitos y garantías, Fiallo señaló que la organización recomienda eliminar el tope de dos meses para contratos comerciales y crear un fondo de garantía en una entidad financiera que genere intereses en favor del inquilino, en caso de que aplique la devolución parcial o total al momento de finalizar el alquiler, entre otras sugerencias.
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