Hablar de accidentes de tránsito en la República Dominicana es hablar de una problemática nacional que va más allá de los números. Es, en realidad, una crisis estructural que nos afecta a todos como ciudadanos, como familias, como instituciones y como país.
Durante años, hemos identificado una serie de factores que explican la elevada siniestralidad vial en nuestro territorio. Entre las principales causas destacan el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito, la imprudencia de los conductores, el consumo de alcohol y la falta de educación vial. A esto se suma una infraestructura deficiente en algunas zonas, una fiscalización limitada y un parque vehicular que crece de manera desorganizada. Esta combinación de elementos genera un entorno de alto riesgo para todos los usuarios de las vías, especialmente peatones y motociclistas, quienes representan una gran parte de las víctimas.
Aunque el número total de accidentes puede variar ligeramente año tras año, lo verdaderamente alarmante es la severidad de los mismos. Nuestro país ha ocupado de manera consistente los primeros lugares entre los países con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo, alcanzando cifras cercanas a 67 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Esto contrasta de manera dramática con países como Noruega o Suecia, donde esa tasa no supera los 2 por cada 100,000.
Más allá de los datos, lo más preocupante es el impacto humano. Un accidente con lesionados o fallecidos deja secuelas profundas como el miedo, el dolor, la culpa y la ansiedad. A veces, se pierde el sustento de toda una familia, en lo económico y emocional. En el caso de personas que quedan con alguna discapacidad, los efectos se extienden a su calidad de vida, productividad, autoestima y entorno social, particularmente en ciudades que aún no están adaptadas para personas con movilidad reducida.
Un elemento adicional que debemos señalar es la cultura del irrespeto y la “viveza” en la conducción. Desde acciones aparentemente menores, como estacionarse donde no se debe, hasta conductas altamente peligrosas como ignorar semáforos, manejar en vía contraria o bajo los efectos del alcohol, esta mentalidad representa uno de los principales obstáculos para mejorar la seguridad vial. A esto se suma un parque vehicular envejecido y muchas veces modificado para su venta: vehículos alimentados por GLP, con el guía cambiado de lado o con fallas estructurales, que reducen considerablemente la seguridad en las vías, en un país que tiene aún pendiente promover la entrada en vigor de la Inspección Técnica Vehicular.
En cuanto a la responsabilidad, muchos conductores no asumen las consecuencias de sus actos, sobre todo si no cuentan con seguro o con recursos económicos. Aquellos que sí lo tienen recurren a las casas de conciliación donde interactúan aseguradoras, DIGESETT y Procuraduría. Sin embargo, cuando no hay seguro, las posibilidades de reparar los daños son mínimas. Es importante recordar que, según la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tanto el conductor como el propietario del vehículo son responsables solidarios en caso de un accidente, incluso cuando se transportan pasajeros, a menos que se demuestre que el hecho fue causado exclusivamente por la víctima, un tercero o por fuerza mayor.
No contar con seguro o con documentos al día puede tener consecuencias devastadoras. Un solo accidente puede costar millones de pesos y comprometer el patrimonio de una familia. Hemos visto casos de indemnizaciones que superan con creces varias decenas de millones. En muchos de estos, el conductor responsable termina enfrentando demandas legales, pérdidas materiales y consecuencias penales.
Frente a este panorama, vale preguntarnos: ¿qué puede hacer un conductor individual ante un entorno donde muchos no respetan las normas? La respuesta es sencilla, aunque no siempre fácil: empezar por uno mismo. Manejar con responsabilidad y cumplir las normas. El respeto por las reglas no debe depender del comportamiento de los demás, sino del compromiso con la vida y con los valores ciudadanos.
Desde la perspectiva de las aseguradoras, también enfrentamos retos importantes. Solo en 2024, el sistema pagó más de 17 mil millones de pesos por siniestros de vehículos de motor. A esto se suman desafíos como fraudes, testigos falsos, huida de conductores, abogados que retienen gran parte de las indemnizaciones y asegurados con coberturas insuficientes.
Determinar las indemnizaciones no es una tarea sencilla. Aunque la Ley 63-17 establece un marco general, en la práctica no existe una escala oficial. Las indemnizaciones por lesiones graves o fallecimientos se calculan considerando múltiples factores: la gravedad del daño, la edad y capacidad productiva de la víctima, gastos médicos y funerarios, así como daños morales y psicológicos. Todo esto suele ser evaluado por peritos y los tribunales, lo que añade complejidad y tiempo al proceso.
Frente a esta realidad, creemos que una solución integral es posible. Contamos con una ley robusta, pero necesitamos un reglamento de aplicación más claro, más fiscalización en las calles y un plan de educación vial que vaya más allá de esfuerzos puntuales. La educación vial debe ser parte del currículo escolar, y las campañas de sensibilización deben masificarse.
Como sector asegurador, estamos dispuestos a colaborar con el Estado. Podemos aportar datos, análisis predictivos de zonas de riesgo, herramientas tecnológicas como la telemetría para evaluar hábitos de conducción, compartir estudios de siniestralidad para el diseño de políticas públicas más efectivas. Pero se necesita el compromiso de todos los actores: autoridades, empresas, educadores y ciudadanos.
La seguridad vial nos involucra a todos. La única forma de avanzar es asumir, cada uno desde nuestro rol, la responsabilidad de cambiar las cosas. Mientras caminamos juntos hacia alcanzar una seguridad vial sostenible, nos corresponde como ciudadanos respetar las normas, ejercer la tolerancia y la inteligencia emocional, mantener nuestros vehículos, motocicletas y/o bicicletas en buenas condiciones; y tal como lo estipula la ley, también debemos tener nuestro seguro de vehículo de motor al día con cobertura suficiente.
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