El Ministerio Público de Santo Domingo apelará la sentencia contra Juan Alexis Medina y otros, condenados por corrupción. Medina recibió siete años de prisión y se impusieron multas millonarias. La notificación del fallo se realizó digitalmente, destacando avances en la modernización del sistema judicial dominicano.

Cuando un país aplaude, pero no confía. Un presidente con alta popularidad gobierna una nación cansada, desconfiada y convencida de que lo peor está por venir. Esta brecha entre los gráficos ascendentes y una ciudadanía que mira hacia abajo. En esa brecha cada día más ancha se juega hoy el rumbo democrático.

La primera fase del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras fue inaugurada, acogiendo a 300 reclusos trasladados desde La Victoria. Este avance busca descongestionar las cárceles y mejorar la dignidad de los internos, promoviendo su reinserción social con un enfoque en educación y trabajo.

Participación Ciudadana (PC) advirtió sobre el enorme daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la Justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hasta el 15 de diciembre la audiencia preliminar contra Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, acusados de corrupción y lavado de activos en la Operación Camaleón. Otras personas y empresas también están implicadas en el caso.

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional iniciará el 17 de noviembre la audiencia preliminar contra Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán por corrupción y lavado de activos, en el marco de la Operación Camaleón. Ocho personas y siete empresas también están implicadas en el caso.

La República Dominicana se coloca en el puesto 76 de los 143 países evaluados en el Índice Estado de Derecho 2025 (WJP, en inglés), el país subió 11 posiciones, registrando el mayor avance (2,1 %) a nivel global.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó una acusación contra diez personas físicas y siete empresas supuestamente vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos que fue desmantelada mediante la Operación Camaleón, informó el Ministerio Público.

El Ministerio Público de República Dominicana informó que la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres busca separar su caso del juicio por corrupción en la Operación Coral. Cáceres, acusado de liderar una red que desvió fondos públicos, ha aplazado audiencias por problemas de salud, siendo reprogramada para el 3 de noviembre.

Dina Boluarte fue destituida como presidenta de Perú por el Congreso, controlado por partidos de derecha, debido a su baja popularidad y la represión de protestas. José Jerí asumió interinamente la presidencia. Boluarte, la primera mujer en el cargo, dejó un mandato marcado por crisis y descontento social.

La película "7 de julio", dirigida por Robenson Lauvince, se estrena el 30 de octubre en República Dominicana. Aborda el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse a través de la historia de una estudiante que descubre intrigas políticas y verdades devastadoras. Protagonizada por Jimmy Jean-Louis, ofrece una reflexión sobre poder y corrupción.

El texto critica un proyecto de código penal que no refleja adecuadamente las necesidades del Estado social y democrático de derecho. Señala falencias en la tipificación de delitos, falta de atención a la corrupción y derechos humanos, y aboga por un código que contemple la historia punitiva y garantice igualdad y justicia.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con Libia, aunque fue absuelto de corrupción. La fiscalía solicitó siete años de prisión, mientras Sarkozy mantiene su inocencia y asistió a la lectura de la sentencia.

El PLD solicitó al presidente Abinader una investigación pública sobre irregularidades en el Inabie desde 2021, destacando problemas en licitaciones y contratos. Propuso fortalecer controles internos, garantizar trazabilidad digital y proteger a denunciantes para combatir la corrupción en programas de alimentación escolar.

El órgano rector informó que esta decisión busca asegurar que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado.