Santo Domingo.. Las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que integran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitaron al Congreso Nacional que acoja la observación del Presidente de la República al recién aprobado Código Penal y se establezcan excepciones a la penalización de la interrupción del embarazo cuando: peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
En rueda de prensa celebrada este lunes 8 de diciembre, las entidades que conforman la coalición consideraron que la penalización del aborto representa una violación de derechos humanos cuando en los casos referidos se obliga a las mujeres a llevar a término un embarazo, negándoles su derecho a decidir sobre su vida, su salud, dignidad e integridad física; todos estos derechos fundamentales consignados en la Constitución de la República.
"La penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia", expusieron representantes de agrupaciones de mujeres, gremios del área de la salud, organizaciones políticas, sociales y académicas.
Al presentar su observación al Código Penal aprobado por el Congreso Nacional el presidente Danilo Medina explica, en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que lo más justo sería equiparar la legislación dominicana a la de la mayoría de países del mundo, donde se permite la interrupción del embarazo en tres casos excepcionales. Pidió a legisladoras y legisladores que acojan su observación en el más breve plazo y ponderó la necesidad de dotar al país de "un nuevo código penal que constituya un paso de avance sin precedente en toda nuestra historia".
Los grupos abajo firmantes sostienen que la penalización absoluta del aborto no puede ser la respuesta del Estado a un problema cuyas raíces no están en la falta de castigo, sino en la ausencia de prevención y atención.
"El Estado no garantiza a las mujeres pobres, en particular, su derecho a educación sexual, a información oportuna y científica, a servicios de salud integrales, incluido el acceso a métodos anticonceptivos adecuados y gratuitos", citan las entidades sociales y aseguran que la penalización del aborto sin excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.
Pese a las limitaciones para estimar los casos de abortos que se realizan en el país, datos oficiales citan que las complicaciones por aborto es la cuarta causa de mortalidad materna, mientras que, 19% del total de embarazos registrados por el Ministerio de Salud termina en abortos (MSP, 2014).
Sin embargo, la criminalización del aborto sin excepciones, en lugar de contribuir con este objetivo, resta efectividad a los esfuerzos por reducir la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país.
Las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que integran la Coalición por los Derechos y la Vida de las mujeres expusieron que los/as representantes de la sociedad dominicana en el Congreso Nacional están llamados/as a atender la opinión de sus representados/as que en su mayoría (61.2%) se muestra a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, según el informe Barómetro de las Américas, 2012)
"Esperamos que el Congreso Nacional acoja de manera positiva la Observación Presidencial y decida a favor de la vida, salud y los derechos de las mujeres conforme a nuestra Constitución, los compromisos internacionales y en respeto a la voluntad ciudadana", puntualizaron los/as convocantes en la rueda de prensa celebrada en el Colegio Dominicano de Periodistas.
Fuente: Desahogo Dominicano
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