Juristas dominicanos advierten que el nuevo Código Penal representa una grave amenaza para el periodismo, con artículos que permiten el cierre de medios y severas penas por difamación. La ley transforma la comunicación y penaliza conductas cotidianas, afectando la libertad de prensa y expresión en el país.
Santo Domingo.- El nuevo Código Penal Dominicano constituye la "principal amenaza" para el ejercicio del periodismo tras la muerte del dictador Rafael Trujillo Molina, de acuerdo a la consideración de los juristas Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana; Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, y César Amadeo Peralta, penalista y analista jurídico.
Los juristas advirtieron que la nueva ley contempla el cierre de programas y medios, la incautación o decomiso de herramientas e instrumentos de comunicación, la no renovación de licencias al medio, la incautación de bienes al periodista o ciudadano para pagar los daños y perjuicios al o los presuntos afectados.
Los tres abogados coincidieron en sus opiniones al participar como panelistas en el conversatorio que con el tema “Libertad de Prensa y Expresión en el Nuevo Código Penal Dominicano", organizó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el miércoles en su sede del Centro de Lo Héroes de esta capital, donde fueron recibidos e introducidos por Luis Pérez, presidente del CDP, y presentados por Olivo De León, quien condujo el curso de la actividad.
Los estudiosos de la legislación dominicana coincidieron en señalar la existencia de al menos 10 artículos que afectan a periodistas y medios, sin contar todos los que los involucran como ciudadanos, al tiempo que señalaron que la nueva legislación transforma la forma de comunicarse de la gente en la República Dominicana.
Sostuvieron que entre “las cosas locas y sin sentido” que contiene la Ley 74-25, que crea el nuevo Código Penal, figura la difamación extorsiva, con penas de 5 a 10 años, la posibilidad de que una persona pueda ser condenada hasta a 60 años de prisión, ya que plantea el cúmulo de penas y las penas complementarias.
Otros “sin sentidos” que, a juicio de los juristas, contiene el nuevo Código Penal y que afectan sensiblemente el ejercicio del periodismo, es el establecido en el artículo 379, que establece condenadas de 20 o 30 años de prisión para toda persona que falsee u oculte información requerida por un organismo de seguridad (DNI u otros) convirtiendo a periodistas y ciudadanos en "chivatos", “policías”, agentes de información.
Consideran que “el absurdo es tan hiperbólico que por publicar un sobrenombre a un político o a un funcionario (por ejemplo: El Moreno), una persona podría ser condenada a un año de prisión, lo mismo que por un gesto o por una seña que tipifiquen como delito”.
En ese mismo orden colocan el hecho de que por reenviar un audio o una imagen, una persona podría ser condenada de seis meses a un año de prisión, lo que se agravaría de dos a 5 años si ese video sufre alguna alteración y sube de 5 a 10 años en caso de que se considere de carácter interno o sexual.
Al referirse al artículo 310 que se refiere a ultraje a funcionarios públicos y que establece prisión de 15 días a un año, y multa de dos a 13 salarios mínimos, explicaron que estos salarios no son el salario mínimo del sector público, sino el salario que perciba el funcionario, la mayoría de los cuales están por encima de 300,000 pesos.
Asimismo, precisaron que los sometimientos serán de acción pública a instancia privada, de manera que el funcionario que se considere ultrajado llevará el caso, no la autoridad judicial, con todo lo que implica la influencia y el poder que confiere un cargo.
Los juristas indicaron que la legislación restablece la responsabilidad en cascada, ya que incluye a comunicadores, periodistas, ejecutivos, propietarios de medios y a los medios mismos en la violación de la ley que alguien hay cometido y que se haya difundido a través suyo.
También, se violenta la personalidad de la pena, desaparece la verita excepción, se abandona el entorno sistémico, el hecho de que hasta un piroto que alguien considere ofensivo podría llevar una persona a la cárcel “e incluso lleva las penas hasta la intimidad de la habitación de un matrimonio, que es un contrato, un acuerdo entre dos personas”. H.A.A.
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