El Ministerio de Medio Ambiente intervino la mina Aremax en San Cristóbal por operar ilegalmente tras su clausura. La empresa, sancionada por violar normas ambientales, será sometida judicialmente. Se requiere remediación del área afectada y se mantendrá vigilancia para evitar nuevas operaciones ilegales.
Santo Domingo.-
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), intervino la mina de agregados Aremax, ubicada en San Cristóbal, tras comprobar que continuaba operando de manera ilegal pese a haber sido clausurada de forma definitiva.
Durante el operativo, el viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, recordó que la empresa había sido cerrada y sancionada en septiembre del año pasado por exceder el área autorizada para la explotación y por incumplir los criterios técnicos establecidos en su permiso ambiental.
Aracena señaló que, además del cierre definitivo, los propietarios fueron sancionados administrativamente al verificarse que violaron los límites del polígono autorizado y que no aplicaban prácticas de extracción sostenible, tal como exigía la autorización ambiental otorgada.
Al tratarse de una empresa reincidente en violaciones a la Ley de Medio Ambiente, el caso será remitido a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que deberá proceder con el sometimiento judicial correspondiente. Mientras tanto, el SENPA mantendrá vigilancia permanente para impedir que la mina retome operaciones ilegales.
Los propietarios también estarán obligados a ejecutar un proceso de remediación ambiental en el área afectada. La normativa vigente establece que toda concesión para la explotación de minas no metálicas requiere una extracción responsable y, al concluir, la restitución de la capa vegetal y la reforestación total del terreno impactado.
El magistrado Francisco Contreras, fiscal actuante en representación de la Procuraduría, informó que se levantaron evidencias para sustentar el sometimiento judicial, destacando que la situación se agravó tras la muerte de un empleado que realizaba labores de extracción pese a que la mina estaba clausurada.
En la intervención participaron además el director del SENPA, Ángel Alfredo Camacho Ubiera (ERD), y el ambientalista Luis Carvajal, quien expresó el respaldo de la Comisión Ambiental a estas acciones en defensa de los recursos naturales y en la persecución de delitos ambientales.
Carvajal enfatizó que la empresa operaba al margen de los criterios técnicos establecidos por la ley para la explotación de minas no metálicas y, además, sin permiso. Añadió que presentarán un informe técnico a la Mesa Interinstitucional que servirá de base para las decisiones que se adopten, reiterando su apoyo a cualquier medida que sancione a los responsables.lc
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