En 2025, la violencia feminicida dejó un saldo devastador: 59 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 93 niños, niñas y adolescentes huérfanos, una realidad que exige respuestas urgentes del Estado. La Fundación Vida Sin Violencia advierte que el hogar continúa siendo el lugar más peligroso para las mujeres que deciden separarse y reclama políticas públicas eficaces para proteger a las víctimas y sus familias.
Santo Domingo. – La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, informó que al menos 93 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos en 2025 como consecuencia de los 59 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, lo que plantea un desafío urgente de protección integral por parte del Estado.
Durante una rueda de prensa, Fondeur subrayó que no se trata únicamente de contabilizar víctimas, sino de visibilizar una grave violación a los derechos humanos de mujeres que vivieron historias de profundo sufrimiento. “La menor asesinada tenía apenas 15 años y la mayor 82. Lamentablemente, los feminicidios se ejecutan cada vez de forma más despiadada, incluyendo el asesinato de hijos —violencia vicaria— y suegras. Insistimos en que es necesario medir y cuantificar para poder prevenir y transformar esta realidad con políticas públicas eficaces”, expresó.
Acompañada de las directivas Mildred Josefina Bergés de Sánchez Noble, Verónica Sanción y Amarilys Durán Salas, precisó que 44 de los feminicidios ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, confirmando que el hogar continúa siendo el espacio más peligroso para las mujeres que deciden poner fin a una relación violenta. Del total de víctimas, 32 tenían menos de 35 años (54.24 %), cinco eran menores de edad, 53 dominicanas, 6 haitianas y una alemana. Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo (13 casos), Santiago (8) y San Cristóbal (7), siendo julio el mes más sangriento. Los agresores utilizaron en igual proporción armas de fuego y armas blancas (21 casos cada una), además de golpes y quemaduras.
Un dato alarmante es que 11 feminicidios fueron cometidos por miembros activos o retirados del Ejército y la Policía Nacional, quienes utilizaron sus armas de reglamento para asesinar a sus parejas. “Las evaluaciones psicológicas obligatorias a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas deben ser periódicas y acompañadas de un mensaje claro: el uniforme no puede servir de autoprotección para ejercer violencia”, afirmó Fondeur.
Aunque las cifras reflejan una disminución del 17 % en comparación con los 71 feminicidios registrados en 2024, advirtió que esto no debe interpretarse como solución. Señaló que hubo múltiples intentos de feminicidios que no se consumaron, como los casos de Yoenny Berenice Urbáez Feliz, Melissa de Jesús y Liselot Polanco, lo que evidencia que la violencia machista sigue siendo extrema. Insistió en que los hijos e hijas de las víctimas viven en un estado de desprotección y deben ser incluidos de manera prioritaria en los programas del Ministerio de la Mujer y del CONANI.
Finalmente, planteó la urgencia de optimizar el sistema institucional de registro de feminicidios, educar en convivencia pacífica desde la infancia, garantizar que la justicia llegue a tiempo y sin impunidad, y diseñar un Protocolo Nacional de Alto Riesgo Feminicida para mujeres en proceso de separación que permita identificar, prevenir y neutralizar riesgos con anticipación y eficacia. Recordó que la Fundación Vida Sin Violencia cumple 16 años trabajando en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, convencida de que la educación es la herramienta esencial para transformar la cultura machista en una cultura de paz.
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