El PLD solicitó al presidente Abinader una investigación pública sobre irregularidades en el Inabie desde 2021, destacando problemas en licitaciones y contratos. Propuso fortalecer controles internos, garantizar trazabilidad digital y proteger a denunciantes para combatir la corrupción en programas de alimentación escolar.
Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó al presidente Luis Abinader instruir una investigación integral, pública y con cronograma definido" sobre todos los procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) desde 2021, tras denunciar supuestas irregularidades en esa institución.
De acuerdo con el PLD, la magnitud del presupuesto del Inabie, que en 2025 asciende a 40,000 millones de pesos, "exige un manejo ejemplar y libre de cuestionamientos".
En 2021, durante el proceso de licitación del almuerzo escolar, esa entidad adjudicó de manera irregular contratos a más de 1,260 proveedores, aseguró PLD en una rueda de prensa encabezada por su secretario general, Johnny Pujols.
Según el partido opositor, "ninguna licitación del Inabie en los últimos cuatro años ha estado exenta de denuncias: contratos otorgados a suplidores sin requisitos, exclusiones arbitrarias de centros educativos, pagos indebidos y hasta supuestos cobros ilegales para garantizar adjudicaciones".
Añadió, además, que la Dirección de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República han documentado irregularidades en procesos de compras de alimentos, mochilas, uniformes y calzados escolares por montos que superan los 6,000 millones de pesos.
Para el PLD, el Inabie necesita medidas urgentes para recuperar la confianza pública, por lo que propuso fortalecer los controles internos y la supervisión en cada fase de las licitaciones, al tiempo de garantizar que todos los procesos tengan trazabilidad digital para una auditoría transparente.
También planteó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren pagos oportunos a las Mipymes suplidoras, verificaciones rigurosas de las plantas físicas de los oferentes, así como la eliminación de intermediaciones que encarecen los contratos.
De igual modo, llamó a proteger a los denunciantes de posibles represalias y a instaurar una cultura institucional de cero tolerancias a la corrupción.
"El país no puede seguir normalizando que la sombra de la corrupción opaque programas tan sensibles como el de alimentación escolar", agregó. H.A.A.
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