Este 8 de julio se cumplen tres meses del derrumbe del techo del centro nocturno Jet Set, que provocó una de las mayores tragedias civiles de República Dominicana. La investigación sigue abierta y los propietarios enfrentan cargos por homicidio involuntario.
Santo Domingo.- A tres meses del trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025
, las secuelas humanas, legales y sociales del hecho siguen latentes. El desplome, registrado durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejó 236 personas muertas, más de un centenar de heridos y decenas de familias marcadas por la tragedia.
Las autoridades han calificado el suceso como una de las peores tragedias civiles en la historia reciente del país, y aunque el Ministerio Público ha avanzado con acusaciones, las víctimas y la sociedad dominicana exigen justicia firme y respuestas estructurales.
La noche del colapso
Todo ocurrió durante un evento multitudinario en el icónico club ubicado en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional. El lugar, con más de 500 personas dentro, se vino abajo cerca de las 12:44 de la madrugada.
El desplome dejó atrapados a decenas de asistentes y provocó una inmediata movilización de los cuerpos de rescate. Entre las víctimas fatales estuvieron el cantante Rubby Pérez, los exbeisbolistas Octavio Dotel y Tony Blanco, así como figuras públicas y clientes habituales del lugar.
Cinco días de duelo nacional fueron declarados por el presidente Luis Abinader.
Denuncias por negligencia y primeras acciones legales
El colapso desató una serie de querellas por supuesta negligencia estructural contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.
Según testigos y extrabajadores, días antes del siniestro ya se habían registrado desprendimientos parciales del techo, y algunas advertencias internas habrían sido ignoradas.
El 15 de abril comenzaron a presentarse las primeras denuncias civiles. Para finales de junio, el número ascendía a 123 querellas, incluyendo la de familias que perdieron seres queridos o cuyas vidas quedaron marcadas por lesiones permanentes.
Medidas cautelares y arrestos
El 19 de abril, el Ministerio Público dispuso la inmovilización de bienes y acciones de Antonio Espaillat para evitar maniobras evasivas. Luego, el 7 de mayo, se incautó el local Jet Set con el fin de preservar evidencias.
Un informe técnico preliminar presentado el 11 de junio identificó fallos estructurales graves. Al día siguiente, los hermanos Espaillat fueron arrestados y acusados formalmente de homicidio involuntario, en virtud de los artículos 319 y 320 del Código Penal.
Sin embargo, el 19 de junio, la jueza Fátima Veloz les impuso medidas de coerción no privativas de libertad: una garantía económica de RD$ 50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica. La magistrada alegó limitaciones del marco penal vigente para justificar la no imposición de prisión preventiva.
Críticas, apelaciones y lo que sigue
La decisión judicial fue rechazada por familiares de víctimas y abogados, quienes calificaron la medida como un “abuso de criterio” y una muestra de impunidad.
El abogado Ricardo Alcántara Méndez, representante de una de las víctimas con lesiones medulares, presentó un recurso de apelación para que los acusados enfrenten prisión preventiva. El caso quedó en manos del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Mientras tanto, el Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses —hasta diciembre de 2025— para presentar la acusación formal.
Informe revela “desprecio por la ley”
Un informe filtrado en medios internacionales describe el caso como un “colapso anunciado”. Se documentó la eliminación de columnas sin aprobación técnica, la omisión de advertencias sobre filtraciones y la presunta alteración de estructuras para maximizar capacidad sin garantías de seguridad.
Además, se menciona una cadena de encubrimientos, sobornos y amenazas a empleados para evitar que saliera a la luz el deterioro del inmueble.
Exigencia de justicia
A tres meses del desastre, las víctimas siguen esperando respuestas. Sobrevivientes, familiares y organizaciones sociales exigen juicio ejemplar, compensaciones dignas y una reforma profunda que evite que la historia se repita
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