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El Sexto Juzgado de la Instrucción impuso medidas de coerción a Ingrid Jorge ('la Torita') y al youtuber Ángel Martínez por difamación contra la ministra Faride Raful. Se establecieron garantías económicas y restricciones de salida del país. Raful reclama 50 millones de pesos por daños y perjuicios.

El Ministerio Público inauguró la primera Fiscalía especial en Sosúa, enfocada en investigar delitos como proxenetismo y trata de personas. Esta acción forma parte de la 'Operación Atlántico', que busca transformar el municipio y garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas, según la procuradora general Yeni Benerice Reynoso.

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Jean Andrés Pumarol Fernández, quien atacó en el condominio Dorado IV, dejando una mujer muerta y cinco heridos.

El Segundo Juzgado de Instrucción de Santo Domingo otorgó al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para investigar y presentar acusaciones en el caso 'Operación Camaleón', que involucra a Hugo Beras y otros por corrupción y crimen organizado. La nueva fecha límite es el 8 de octubre.

En Baní, agentes de la DNCD y el Ministerio Público incautaron 13 paquetes de presunta marihuana durante una inspección. Un hombre de 23 años fue detenido y se le someterá a la Justicia. Las sustancias fueron enviadas al INACIF para análisis, mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público presentó acusación por ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional en contra de los miembros de una presunta organización delictiva que cometió estafa por más de 124 millones de pesos al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversión rentable y segura.

Un tribunal en Santo Domingo impuso a Rinaldo Roberto Martín Taveras una garantía económica de 100 mil pesos y presentación periódica, tras ser acusado de provocar un incendio forestal en el refugio Cañón del Río Gurabo. El fuego afectó 119.7 tareas y especies en peligro de extinción.

En la Operación Lobo, cinco de diez arrestados admitieron su implicación en una red de sobornos que involucraba a militares y civiles. El Ministerio Público presentó pruebas documentales irrefutables sobre los pagos ilícitos, afectando instituciones estatales. Los imputados enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

La primera dama de la República pidió sanciones severas para los involucrados en explotación infantil tras el rescate de siete menores en Sosúa. Destacó la necesidad de proteger a los niños y reforzar el nuevo Código Penal.

La justicia dominicana impuso 18 meses de prisión preventiva a Francelis Hernández Tavares, acusada de estafar más de 100 millones de pesos a través de Smart Blessing Consulting. La Fiscalía investiga un esquema piramidal que atrajo fondos de más de 100 personas, con varios cómplices prófugos.

El Ministerio Público de Santo Domingo solicitó prisión preventiva para diez personas involucradas en una estructura de corrupción administrativa, relacionada con sobornos en contratos de seguridad privada. La operación, denominada Lobo, ha desarticulado esta red y se prevén más arrestos y pruebas en el proceso judicial.

Nueve imputados en la operación Búfalo NK se declararon culpables de narcotráfico, resultando en condenas a prisión mediante un procedimiento abreviado. El operativo, coordinado por diversas agencias, desmanteló una red que operaba entre varios países. La lectura de la sentencia completa está programada para el 30 de julio.

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) afirmó que la 'Operación Lobo' no está relacionada con su actual gestión, liderada por Santiago Hazim. La institución se ofreció a colaborar con las autoridades en la investigación sobre una red de sobornos en contratos de seguridad privada, aclarando que su vínculo fue solo hasta 2019.

Las autoridades dominicanas decomisaron un peluche impregnado de cocaína en un depósito de envíos internacionales, destinado a Australia. La DNCD y el Ministerio Público investigan el caso, intensificando sus esfuerzos contra el tráfico de drogas que intenta evadir controles en terminales hacia Estados Unidos y Europa.

Un tribunal en Santo Domingo impuso medidas de coerción a ocho imputados por fraude bancario y robo de identidad, con garantías económicas que suman millones de pesos. La red criminal, desmantelada tras investigaciones del Ministerio Público y la Policía Cibernética, operaba desde Bonao y está bajo investigación continua.