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Procuraduría General de la República.
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Procuraduría General de la República. (Foto: Fuente externa)

Imputados del caso de corrupción Calamar devolverán más de RD$ 2,000 millones

viernes 23 de agosto de 2024, 20:31h
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional legitimó este jueves los acuerdos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa con seis imputados del caso Calamar, que se han comprometido a devolver al Estado más de dos mil millones de pesos.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional legitimó los acuerdos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa con seis imputados del caso Calamar, que se han comprometido a devolver al Estado más de dos mil millones de pesos.

Los acusados Ramón Emilio Jiménez alias Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña, Belkiz Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo DIBEFE S.R.L resultaron los favorecidos con los criterios de oportunidad que homologó la magistrada Altagracia Ramírez.

Este acuerdo consiste en que los señalados admiten la comisión de los hechos, pasan a ser testigos del Ministerio Público y devuelven al Estado más de dos mil millones de pesos en bienes e inmuebles.
De manera que la fiscalía desiste de perseguirlos penalmente.

“Una colaboración sumamente útil para los fines se persigue el Ministerio Público y son formas de avanzar en los procesos”, expresó Wilson Camacho, Titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)El Cuarto Juzgado de la Instrucción también declaró la inadmisibilidad de las familias que figuraban como actores civiles. También los querellantes en el caso, que denunciaban haber sido víctimas de expropiaciones de terrenos.

Anteriormente, el tribunal también legitimó otros 3 acuerdos, en el expediente que involucra a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.

Se recuerda que mediante la Operación Calamar, la Procuraduría desarticuló una red que presuntamente estafó con más de 19 mil millones de pesos al Estado. Esto, a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Asimismo, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.

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