La justicia dominicana en 2022, hiere la cultura democrática

Hacer de la justicia un intangible implica una gran irresponsabilidad social. Es poner la justicia en manos de los poderes salvajes a que se refiere Luigi Ferrajoli. Una sociedad que lucha por construir un modelo democrático bajo serias amenazas totalitarias en el mundo, equivale a aplicar el modelo de Bauman en lo referente a la inutilidad del pobre en las sociedades tecnologizadas. Esta apuesta tecnológica parte de descartar al pobre como sujeto social base de la democracia.

Los antiguos definieron la democracia como el sistema de gobierno basado en mayorías de muchedumbres que eran lo opuestos a los optimus de Platón y de Aristóteles; en cambio, los modernos, dieron a la democracia un giro que la convirtió en el sistema político de la igualdad, de la participación y de la integración de las sociedades. En ello estuvieron de acuerdo republicanos y demócratas. No en vano, Alexis de Tocqueville, demostró que el modelo de democracia constitucional monárquica que prevalecía en la Europa de su tiempo difería de la democracia participativa e inclusiva que caracterizaba al modelo de gobierno de Estados Unidos. A partir de ahí, la democracia en América, se convirtió en el modelo político prevalente, deseable, esperable y a conquistar por aquellos que no habían llegado al mismo. Si bien es verdad que, con la conversión de Estados Unidos en imperio la suerte de la democracia cambio hasta ser convertida en fase superior del capitalismo monopólico y antidemocrático, la realidad es que continuó siendo un ideal a perseguir desde que Churchill lo prefiriera a cualquier otro.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa abrazó la democracia y sus valores, sus principios y sus normativas. El siglo XX concluyó siendo el siglo de la democracia moderna y, se esperaba, que el siglo XXI fuese el siglo de la democracia de la persona humana en los términos de la Declaración de la Carta de las Naciones Unidas de 1948 sobre los Derechos Humanos y la obligación de los Estados de incorporar los mismos a sus constituciones. Eso hizo la República Dominicana en su constitución de 2010. Sin embargo, faltando todavía la aprobación de más de un centenar de leyes que coloquen el derecho positivo dominicano en armonía con la carta sustantiva de 2010, los guardianes de la constitución, luchan por convertirla en un intangible común solo para las élites en desprecio total por los planteamientos que, en el mundo desarrollado, procuran hacer de la justicia un órgano donde sus sentencias, no estén cargadas de tecnicismos sino en confeccionadas en el lenguaje coloquial que usan los ciudadanos de a pie, como medio para lograr una culturización de la democracia que permita su consolidación.

Es decir, mientras los países de democracias consolidadas buscan acercar la justicia a la gente común, la administración de justicia dominicana busca alejarla de esas mayorías. Al parecer, sin darse cuenta del daño que hacen a la democracia. El conservadurismo imperante en la administración de justicia la aleja de los objetivos programáticos de la Constitución y la pone al servicio de los poderes facticos transnacionales, los cuales por intermedios de fideicomisos, están privatizando lo público; mientras que por vía contractual, empleando el arbitraje como arma, están burlando la constitucionalidad y privatizando, en la práctica, la propia administración de justicia, pues jueces privados están -en los hechos.-, sustituyendo a los jueces del sistema judicial. Así, la digitalización de la justica, constituye el último eslabón para lograr la total privatización de la administración de justicia.

Al tiempo que se excluye a las mayorías de esta y se hiere de muerte a la tan cacareada democracia. Los tecnócratas judiciales de hoy, están creando la democracia excluyente de mañana. Se están plegando a los dictados de los poderes salvaje de buen gusto. O, lo que es lo mismo, están traicionando el ideal democrático. Están siendo excluyente. De modo que la democracia está herida de muerte no por sus enemigos sino por aquellos que, se supone, son sus guardianes.

Una mirada panorámica de las decisiones de los diferentes tribunales permite observar que las decisiones tienden a inclinarse por la parte fuerte de la relación contractual, es decir, en lugar de hacer equilibrio están desequilibrando más aun la balanza; los caso de corrupción constituyen un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en materia penal; donde el artículo 146.3 de la Constitución es ignorado, es decir, la inversión de la carga probatoria que predica dicho articulado es olvidada con tal resultar gracioso a los corruptos y a los corruptores. En materia civil, el conservadurismo desconoce prácticamente todos los derechos de tercera generación que dice garantizar la constitución, no hay una sola sentencia relevante en materia de derecho del consumidor, derecho de la salud, de la seguridad social, laboral, etc. Solo en materia administrativa, en lo referente a función pública, se exhiben borrosos conotos de consolidar desde la justicia el Estado de derecho. Nada más.

Pero, esto se ha echado por tierra, por ejemplo, con leyes como la 47-20 que consagra el embargo digital en favor del acreedor, pero sin un examen del concepto de equidad, es decir, la relación contractual, los pagos realizados por el deudor, no son tomados en cuenta y se prioriza la ejecución de garantías hipotecarias o no, que constituyen violaciones flagrantes al derecho constitucional del consumidor. Es decir, una justicia que prometió razonaría y que dejaría de ser boca de la ley, como ocurría en el Estado Legislador, ante que debilitarse, se viene consolidando.

En materia fiduciaria, la Ley 189-11, es leída y aplica solo a partir del artículo 149, obviando artículos como los del 1 hasta el 9, el 75, 76, 87, etc., solo con el objeto de favorecer a la banca hipotecaria y a los fideicomisos, mientras se expolia a los adquirientes de viviendas bajo la modalidad de financiamiento, pues lo pagado no es tomado en cuenta, lo que se observa es el proceso sumario y la garantía hipotecaria. Esta forma de hacer justicia constituye una negación de la equidad practicada por los guardianes de la democracia. Lo mismo vale en materia de telecomunicaciones y de derecho eléctrico, los usuarios, a juicios de los jueces, no existen.

Es de esperarse que, en 2023, la ratio de la administración de la justicia busque la equidad y no el desequilibrio o, de lo contrario, la democracia perecerá en manos de sus guardianes. El derecho del consumidor, el derecho de competencia, las fiducias, el cooperativismo, constituye garantías de equidad que la administración de justicia convirtió en 2022, en armas de los poderes salvajes contra los débiles. Es decir, la democracia, la constitucionalidad, se encuentran bajo amenaza de aquellos que dicen ser sus garantes. Los ciudadanos, los usuarios, los consumidores y sus organizaciones tienen tareas urgentes en 2023. DLH-29-01-2023