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22 prioridades para el 22. A la tercera parte del tiempo transcurrido

Por Guillermo Caram
miércoles 08 de diciembre de 2021, 21:54h
El próximo 16 de diciembre cumple el gobierno 16 meses de ejercicio. Habrá transcurrido la tercera parte de su periodo constitucional. Esto, junto al advenimiento de un nuevo año brinda ocasión propicia para evaluar y replantear ejecutorias: sus resultados, reservas, errores y omisiones.
Lo màs relevante ha sido el movimiento de la acción pública contra la corrupción. Abrigamos la esperanza que tengan el seguimiento y sustentación adecuadas para que “no se caigan los expedientes”, sobre todo ante la abundancia y complejidad de casos que impida a la administración de la PGR implementar plenamente la voluntad nacional de combatir la impunidad.

La contundencia con que el Presidente de la República actuó frente al último escandalo en el Ministerio de la Juventud, contrastando con la benignidad de suaves sanciones anteriores a través de licencias, constituyen muestra de intenciones de combatir las amenazas de corrupción que se vislumbran en la presente gestión de gobierno

La estabilidad cambiaria ha sido importante. Ha contribuido a establecer clima de inversiones y a contener la inflación importada. Habría que despejar las incógnitas de precariedad que asoman dicha estabilidad por haberse alcanzado gracias a los endeudamiento en dólares mediante bonos soberanos, sin contraparte de inversión en programas y si será posible sostenerla sin nuevos financiamientos en agenda aprovechando mejorías en las calificaciones de riesgo del país; así como el papel de las remesas alentadas por los programas sociales en USA que el gobierno de esa nación amenaza con reducir.

La recuperación económica alcanzada, gracias a una respuesta favorable de la iniciativa privada alentada por lo anterior y el apoyo emanado personalmente del Presidente de la Republica. Sin embargo, resulta impostergable lamentar que de los seis grandes sectores que conforman la economía dominicana, el único sector rezagado ha sido la agricultura. Los resultados de la economía a septiembre muestran que mientras el PBI total creció 12.7%, la agropecuaria apenas crecía 1.6%, 8 veces mas lenta que el promedio nacional.

Corregir los efectos del rezago agropecuario en la autosuficiencia alimentaria en el mundo post-pandémico entorpecido por suspensión de procesos productivo y congestión en la logística internacional de comercio y transporte es de vital importancia. Pero además, el rezago agropecuario influye en el equilibrio demoterritorial rural-urbano, regional y en la disminución de la presión migratoria interna y externa. Revertir todo ello es urgente, imprescindible e impostergable; lo cual requiere, como punto de partida que las inversiones públicas se distribuya equilibradamente en todo el territorio nacional en lugar de concentrarse en los principales centros urbanos de la nación.

El rezago abandono de campos conlleva abandonos de campos que inducen tentaciones de ocupación por migrantes haitianos acostumbrados a la depredación forestal. Esto refuerza la necesidad de diseñar modelos de relaciones dominico-haitiana sustentada en la cooperación en lugar de la confrontación. El afianzamiento del gobierno haitiano y sus propósitos de institucionalizar el país deben ser apoyados por el dominicano. Y adoptar acciones conjuntas para dar seguimiento a la presentación ante el Consejo de Seguridad de las NNUU del informe preparado por la envida especial del Secretario General de ese organismo el pasado mes de octubre, sobre lo cual, desconocemos que el gobierno dominicano haya dado seguimiento alguno.

El rezago agropecuario presente refuerza la tendencia a disminuir la importancia del sector que viene observándose desde hace años hasta el punto de constituir apenas hoy 5% del PBI, la mitad de lo que era antes en términos de % del PBI, confirmando que ya estamos de ser el “país eminentemente agrícola” que éramos antes en momentos que el fomento de la economía primaria, de “comodites” se hace prioritario en el presente pandémico, lo cual requiere mas atención pública a nuestros campos en términos de infraestructura de productiva y social así como flexibilización de las condiciones crediticias a nuestros productores rurales.

Revertir el rezago agropecuario proporcionará otros beneficios económicos importantes, especialmente relacionados con la inflación de productos esenciales que consumen nuestras clases sociales mas desfavorecidas acostumbrados a comer frutas, víveres y granos de nuestros campos en lugar productos importados cuyos precios resultan afectados por la inflación magnificada por deficiencias productivas del exterior y dificultades de comercio y transporte.

A propósito de estas dificultades en el comercio exterior, la revisión amigable de los tratados comerciales con países amigos debe ser revisados para seguir protegiendo nuestra agropecuaria de la expiración de las disposiciones de salvaguarda contenida en los mismos.

Otra materia a corregir dentro de nuestro modelo económico se refiere al empleo de calidad, “digno” como manda el artículo 62 de nuestra constitución reflejado en el hecho que hay mas empleos informales que formales debido entre otras razones al complicado sistema tributario vigente que impulsa a la informalidad a empresas y establecimientos que desamparan trabajadores de los beneficios de la seguridad social .

Para mejorar la calidad del empleo la seguridad social misma requiere ser revisada en todas sus vertientes. Para garantizar una pensión digna a los trabajadores, universalizar la atención primaria, mantenérsela a los que han perdido el empleo, simplificando los tramites ante riesgos laborales e incapacidad y blindando los recursos que administra en términos de rentabilidad y preservando la solvencia ante su posible incidencia de riesgos al sistema financiero nacional lo cual requiere una mayor diversificación de su cartera.

Detener el rezago agropecuario y alentar otras actividades primarias requiere flexibilizar las normas prudenciales y recuperar, tan pronto sea posible, la rebaja progresiva de las tasas de interés vigentes para hacer el crédito mas accesible a mas sectores productivos y personas; lo cual fue interrumpido recientemente ante las amenazas inflacionarias presentes.

Pero para que el Banco Central pueda, sin arriesgar la estabilidad económica flexibilizar las normas prudenciales y proseguir la reducción de las tasas de interés se requiere el saneamiento aspirado en la expirada ley 167-07 de recapitalización. Al cierre del año 2020 la deuda del Banco Central por valores de circulación comenzados a emitir a raíz del mal manejo de la crisis bancaria del 2002 ascendía a RD$683 mil millones, en circunstancias que la deuda del gobierno con el Banco Central era del nivel de RD$555 mil millones. Es decir, si el gobierno pagara su deuda con el BC, este pudiera redimir sus valores y readquirir una solvencia que le permita seguir reduciendo los intereses y flexibilizar sus normas. Conscientes que esto constituye la mitad del presupuesto nacional, la solución efectiva a ésta situación no puede ser otra que concebirla por via patrimonial o a un financiamiento externo.

Sin embargo, esto último no será posible mientras el gobierno siga interviniendo en el mercado financiero, comprando títulos de deuda para cubrir sus déficits. Estimamos que para fines de año matizado por gastos extraordinarios, al gobierno le faltarían RD$100,000 millones para cubrir sus cargas fijas (gastos corrientes +amortización de deuda) suma que succionará del dinero privado en circulación atraído por tasa de interés de están promediando 8% duplicando la tasa de política monetaria establecida por el Banco Central. Mientras subsistan los déficits fiscales financiado por los bancos comerciales comprando títulos gubernamentales por este monto, no les interesará prestarle a cien mil clientes de a millón de RD$ cada una para producir bienes y crear empleos

El gobierno ha tenido un incremento de ingresos corrientes de 10% con relación a lo presupuestado complementariamente en junio. Esto equivale a un incremento de RD$75,000 millones. Habría que ver en que medida este logro se ha debido a los adelantos de las empresas mineras y financiera; y que pasaría cuando éstas empresas comiencen a reclamar deducciones por dichos adelantos.

Los gastos corrientes terminarán prácticamente igual que como se establecieron en el presupuesto complementario de junio, aún cuando superarán 12% el presupuesto original. Dichos gastos corrientes- burocracia, subsidios, intereses de la deuda, etc.- podrían terminar superando las recaudaciones totales en aproximadamente RD$ 12,000 millones. Pero sumadas las amortizaciones de la deuda pública, las cargas fijas habrán superado los ingresos ordinarios en RD$100,000 millones

Los gastos de capital habrán sufrido un desplome extraordinario del 40% de lo re-presupuestado en junio. Se habrán dejado de invertir RD$54,000 millones en el año que hubieran podido incrementar los activos fijos requeridos para el desarrollo nacional. Este sacrificio del gasto de capital es lo que hace llevar a las autoridades a proclamar una disminución del gasto total.

El desplome de los gastos de capital contrasta no solo con los proyectos de inversión postulados en el presupuesto sino con los frecuentes anuncios de obras por parte del Presidente de La Republica en las tantas visitas que efectúa a comunidades y grupos sociales, así como de los tantos primeros picazos, palazos y brochazos que casi diariamente se escenifican.

Esto último debe constituir motivo de análisis puesto que pudiera llegar a afectar el prestigio y respeto al gobierno evidenciando diferentes velocidades en el accionar del mandatario frente a su gobierno. Y llegar a afectar la credibilidad y confianza en el Presidente de la Republica, atributos indispensables para la sostenibilidad democrática.

Transcurrido la tercera parte del periodo de gobierno, las mayores preocupaciones se centran en el diferimiento y lentitud de como se están enfocando las reformas necesarias para garantizar un sostenible y mejor distribución del crecimiento. El gobierno ha desistido, guiado por un concepto errado de reforma fiscal, abordar esta iniciativa. Y las demás reformas planteadas avanzan con una lentitud y dentro de una complejidad procedimental que no se perciben avances hacia una feliz terminación dentro del tiempo que le resta al gobierno.

Uno de los propósitos mas esenciales de las reformas a implementar se relaciona con la institucionalización del país. No solo no se han cumplido con los preceptos de las leyes 41-08 y 247-12 de función pública y orgánica de la administración pública sino que se han tomado medidas aisladas que tienden a complejizarla en lugar de simplificarla y con la creación de superestructuras que suplantan las estructuras administrativas. Se agrava por el ejercicio invasivo de funcionarios en áreas y programas que no son de su competencia, en la proclamación prematura de resultados que lo hace sentir pírricamente satisfechos hasta el punto de celebrar fiestas millonarias, al pregonar realizaciones que no se observan y/o a confundir éstas con el deber ser de sus funciones

Como consecuencia persisten deficiencias en servicios públicos. Salvo la vacunación en el manejo de la pandemia, no hay evidencias de mejoría significativa en los servicios de salud. Persisten las deficiencias educativas, cuestionándose los concursos para reclutamiento de maestros y administraciones de programas de bienestar estudiantil. Las perdidas en el sector eléctrico aumentan mientras los funcionarios administradores se premian aumentándose el sueldo. Mientras los entaponamientos hacen insoportables e improductivas las actividades diarias, las instituciones bancarias del Estado financian el incremento del parque vehicular de consumo en lugar de financiar el parque productivo

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