Santo Domingo.- La organización empresarial apuntó que en el país existen más de 500 empresas que generan más de 6,000 empleos directos, las cuales son representantes y distribuidores autorizados de fabricantes de equipos y materiales eléctricos, que como parte de su proceso evolutivo han realizado grandes inversiones en certificaciones, mercadeo, y promoción, así como en especializaciones técnicas para poder dar respuestas al mercado en cuestión de servicio y garantía.
Hace poco Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, al ser entrevistado sobre el tema planteó la posibilidad de acometer dicha práctica, al tiempo de negar que por ello se les pueda acusar de competencia desleal.
ASUME señaló lo oneroso que resulta para la actividad económica que representan, el hecho de que los contratos con fabricantes internacionales gocen de condiciones favorables de pago y de entrega atentando contra la leal y libre competencia del sector eléctrico, mientras que a los suplidores nacionales las empresas eléctricas les soliciten hasta 90 días de crédito, castigándoles a la vez con incumplimientos en los términos de pago contratados de atrasos en las facturas de hasta 120 días.
“En esencia, consideramos que están premiando a fabricantes internacionales, pues mientras las condiciones de recepción de mercancías y las deficiencias en los procesos de recepción de facturas afectan enormemente al empresariado local, a los fabricantes internacionales se les permite entregar en puerto sin ningún compromiso fiscal ni garantía de que van a recibir el material correctamente”, enfatizó la institución.
Sobre el particular, entienden que en vez de gratificarlos con grandes y atractivos contratos con tecnología exclusiva, el Estado debe apuntalarles que no hace negocios con sistemas cerrados de tecnología exclusiva.
“Hacemos un llamado a las autoridades a que atienda nuestra preocupación, recordándole asimismo que la Ley de Compras y Contrataciones exige un registro de proveedor del Estado para contrataciones públicas, y para esto es necesario un socio nacional”, expuso la entidad.
Asimismo exhortaron enfocar su atención en la eficiencia de las empresas distribuidoras a través de la contratación de energía más barata, y en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de las distribuidoras, que es donde se genera el mayor déficit de las EDESS.
Conforme a sus razonamientos, la compra a los intermediarios reporta significativos beneficios al mercado dominicano, pues además de reactivar la economía y crear empleos, elimina la adquisición de divisas por el Estado y la respuesta inmediata en temas de servicio y garantía del rubro adquirido.
Precisó asimismo, que no obstante los casos de corrupción encontrados y las prácticas que afectan la transparencia en el sector, Asume congrega empresas honestas que no sería justo fueran afectadas por los daños de la corrupción pasada.
“En el sector hay más de 1200 empresas dedicadas al servicio, instalación y suministro de materiales eléctricos en su gran mayoría son empresas honestas que nunca han sido objeto de investigación por corrupción administrativo”, refirió la organización.
“En suma, las EDES no van a quebrar por comprar a intermediarios autorizados en el país, más bien el sistema eléctrico seguirá en déficit siempre y cuando continúen los niveles de pérdidas por los 30% y se continúe comprando energía cara”, destacó finalmente Asume.
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