Manifestantes de la campaña anti-corrupción "Paren eso" exigen acciones y voluntad política, no palabras ni discursos

Varias organizaciones realizaron ayer, martes, una manifestación contra la corrupción frente al Palacio Nacional, pidiendo al Presidente de la República, Danilo Medina, que tome acciones concretas para investigar y someter a la justicias a los funcionarios a lo que se les acusa de corrupción administrativa.

La organización Justicia Fiscal, quien lideró la convocatoria de protesta, expresó que el presidente Medina ha mostrado debilidad ante la corrupción. Acusan al Ministerio Público de hacer denegación de su labor, archivando denuncias y querellas sin mediar investigación alguna ante las denuncias realizadas.  

Señala Justicia Fiscal que los grandes anuncios de Medina contra la corrupción el 16 de agosto de 2012 al asumir la presidencia se han mostrado débiles en la práctica.  La manifestación tuvo como eslogan principal "Paren eso", en referencia a la corrupción y la impunidad.

En un documento Justicia Fiscal solicita cumplir fielmente "con los deberes de su cargo, hacer que los funcionarios bajo su dependencia cumplan sus responsabilidades".  La protesta de ayer frente al Palacio Nacional es parte de la campaña "Paren eso", iniciada con visitas a la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público, entidades en la cual se ha solicitado el fin de la impunidad ante la corrupción en República Dominicana.

Otras organizaciones que participaron en la protesta fueron Participación Ciudadana (PC), La Multitud, Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) y Ciudad Alternativa, entre otras.  

En el documento contra la corrupción de Justicia Fiscal señalan que "la corrupción nos empobrece a todos, nos impide al acceso a servicios públicos imprescindibles y contribuye a mantener altos niveles de desigualdad y exclusión económica y social".  Continúan al decir que pruebas palpables del daño que provoca la corrupción es "que más de un 40% de la población vive en condiciones de pobreza, el 33% de las viviendas del país no tiene acceso a agua potable y tenemos el peor sistema educativo del continente". Destacan también los altos índice de mortalidad materna e infantil.

En el comunicado, dirigido al presidente Danilo Medina, explican que "sin voluntad política de nada sirven palabras, discursos, leyes ni instituciones". Indican que el Presidente de la República debe hacer que los funcionarios del Estado cumplan con sus responsabilidades y se investigue y separen aquellos que sustraen fondos públicos o se aprovechen de sus posiciones para lograr para sí o para terceras personas provecho económico. 

"Si usted no lo hace se convierte en cómplice de la corrupción y la impunidad que hoy le sustraen a la ciudadanía sus oportunidades, sus derechos y sus sueños", añaden. 

Hicieron referencia al déficit fiscal del 2012, quizá el más grande en la historia dominicana, lo que motivó varias protestas en el último cuatrimestre del pasado año, no solo en Santo Domingo y Santiago, sino también en varias otras ciudades y municipios del país. 

Indican que los responsables de ese déficit no han sido sancionados, además de que se ha detectado enorme derroche de fondos en el período 2004-2008, el segundo período presidencial de Leonel Fernández.  Expresan su rechazo a las numerosas auditorías archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa, además de múltiples en varias fiscalías.  

Entre los archivos ignorados por la Presidencia, afirma Justicia Fiscal, indican las querellas hechas contra Leonel Fernández, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, relacionados con varios delitos: uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, desfalco y violación de la ley de crédito público, entre otros delitos.  

Recuerdan otras renuncia sobre corrupción más recientes, como las del Consejo Nacional de la Niñez, además de la denuncia pública por omisión de los bienes que componen el patrimonio en la declaración jurada de bienes del titular de la Dirección General de Ética de Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo.