Dieciséis organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil habían solicitado mediante carta que entregaron en la Cancillería de la República el pasado 18 de septiembre, que el país firmara este acuerdo adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de este año.
Santo Domingo.- Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil mostraron su satisfacción por la suscripción del Gobierno dominicano de la convención de Escazú sobre acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en tema ambiental, efectuada en la tarde de hoy, en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, EUA.
El Canciller Miguel Vargas Maldonado estampó su firma junto a las de otros 12 países latinoamericanos en la tarde de hoy, siendo las primeras naciones de un total de treinta y tres de América Latina y del Caribe que están convocadas a suscribir este importante convenio auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Entre las organizaciones que habían solicitado que el Gobierno dominicano firmara el convenio, figuran Alianza ONG, el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Grupo Jaragua y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD).
También el Consorcio Ambiental Dominicano, la Fundación Ecológica Macorís Verde, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), PRONATURA, Guakia Ambiente, la Fundación Maguey, la Sociedad Ecológica de Nizao, el Programa de Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA) y el Bloque de Organizaciones No Gubernamentales (BONGs).
El convenio de Escazú es un instrumento regional que refuerza los derechos democráticos en el ámbito ambiental y otorga protección especial a los activistas y defensores ambientales y climáticos que con frecuencia son víctimas de empresas y sectores de poder por sus posiciones a favor de la protección de los recursos naturales, de las áreas protegidas, de la biodiversidad y del ambiente.
“Este acuerdo reguarda eficientemente el derecho que tenemos las organizaciones y la ciudadanía en general de ser informados, de participar en la elaboración de políticas públicas y de actuar ante la justicia en los problemas y conflictos ambientales”, explicaron las organizaciones.
Manifestaron que la rápida y positiva respuesta que han recibido de las autoridades con la firma de este convenio, es una señal de que el proceso de ratificación se efectuará con rapidez y sin ninguna dificultad por parte del Congreso Nacional.
“Estamos muy felices porque en la tarde de hoy ha culminado un proceso de más de diez años de discusiones y debates efectuado por el movimiento ambientalista y la sociedad civil junto a las autoridades de toda América Latina y el Caribe, para convertir el Principio 10 de la Convención de Río en un instrumento jurídico plenamente desarrollado”, expresaron.
Enfatizaron que el acuerdo es el primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe, por lo tanto su creación, su firma y su ratificación es un acontecimiento histórico.
La ceremonia de apertura a la firma del acuerdo se realizó esta tarde coincidiendo con la celebración de las sesiones de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, con la participación de representantes de los Estados del continente, de expertos y de reconocidos militantes y luchadores ambientalistas de América Latina.
Las organizaciones dijeron que este convenio es un reconocimiento y un homenaje a la mártir ambientalista hondureña Berta Cáceres y de otros muchos de todo el Continente que ofrendaron sus vidas por la protección de la naturaleza, por el derecho del pueblo a tener un medio ambiente sano y por un desarrollo ambiental y socialmente sostenible de las comunidades y de las naciones.
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