A un empresario proveedor de bienes al Estado vinculado a un horrendo asesinato le variaron la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Otro empresario, muchas veces millonario, y un ex funcionario muy acaudalado, acusados de haber participado activamente en la trama corrupta de Odebrecht, tampoco tendrán que cumplir prisión preventiva.
La Junta Central Electoral compró el año pasado unos equipos electrónicos que solo sirvieron para trastornar el proceso electoral y que ya no servirán para nada más. En la operación se perdieron más de 40 millones de dólares, además de lo que implicó el hecho en la pérdida de confianza en las instituciones.
Se han producido estafas millonarias en serie con las tierras del Consejo Estatal del Azúcar; mataron unos periodistas en San Pedro de Macorís, pero parece que las cosas se van a quedar ahí.
En CORDE hubo otro escándalo mayúsculo al ser vendidas las tierras de un barrio con toda la gente adentro y tampoco nadie está preso.
En las oficinas principales de OISOE se suicidó un infeliz arquitecto, desesperado por las presiones que ejercía sobre él la estructura mafiosa que le extorsionaba. Ya les echaron la culpa a los operadores directos de la exacción. Los capos siguen tranquilos.
No hay que preocuparse demasiado por todo esto. Ya el juzgado de instrucción del distrito judicial de Hato Mayor tomo una decisión sobre un caso que conoció.
La jueza Jazmín Valera dictó un mes de prisión preventiva contra la ciudadana haitiana Marie Ange Esperant, acusada de haber sustraído un pica pollo del establecimiento comercial donde trabajaba.
Como señala un despacho de prensa fechado en Hato Mayor, la magistrada “acogió en su totalidad la solicitud hecha por el Ministerio Publico, al entender que había elementos suficientes y vinculantes para imponer un mes de prisión” a la señora Esperant, aunque los familiares de la acusada indican que la acusación es parte de una trama de los dueños del negocio “para no tener que pagarle la liquidación”.
Se hizo justicia.
Si (
No(
