La presidenta de la Cámara de Cuentas (CC), Licelott Marte afirmó ayer que solo dos funcionarios que depositaron a tiempo su Declaración Jurada de Patrimonio en el sistema, no pudieron ser identificados por diferencias en sus cédulas y nombres.
Santo Domingo.- Dijo que los viceministros de Medio Ambiente, Gabriel Jhoan Hernández González, y el de Cultura, Juan Antonio Morales Vilorio, no figuraban en la lista de cumplidores de la ley porque en el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo los designó, tenían un número de cédula de identidad y electoral diferentes al de ellos.
Asimismo, informó que a la fecha todavía quedan 15 funcionarios designados y cesantes por decretos, obligados a presentar su Declaración Jurada y no lo han hecho, y otros que lo hicieron en fecha posterior al 30 de noviembre.
Entre los omisos a la ley al 8 de diciembre en curso se encontraban Emilio Peguero de Luna, de la Junta monetaria; Gerardo Mercedes Suero Correa, del Ministerio de Deportes; Juan Tomás Miguel García Peña, de Cultura; Francisco Adolfo Rodríguez Marcelino, de la Dirección de Ganadería, y Maribel Acosta, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
Los que lo hicieron fuera del tiempo previsto por la ley son la exministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Ligia Amada Melo; Marcos Eleazar Peña Rodríguez, del Indotel, y Carlos Octavio Troche Rodríguez.
Los gobernadores provinciales Teodoro Ursino Reyes, José Mérquides Valdez Rojas, Pedro César Mota Pacheco, Juan Antigua Javier, Nicio Rosario; el viceministro de Interior y Policía, Jaime Tomás Almonte Jáquez, y Juan de Jesús Santos Santos, viceministro de la Juventud.
La funcionaria saludó la intervención del presidente Danilo Medina ante los más de 4,000 funcionarios que al cierre del plazo de ley estaban omisos a la misma, resaltando que eso permitió que más de 900 de ellos, más que los que lo habían hecho en un período anterior, declararan.
Informó que a partir de la nueva Ley 311-14, la CC hizo un acuerdo con Impuestos Internos para poder acceder a la data de ellos y asígarantizar que el patrimonio declarado por los funcionarios se corresponda con lo que realmente tienen. “Lo demás le correspondería al Ministerio Público investigar”, significó Marte de Barrios.
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