Pensiones de más de 30 mil trabajadores peligran si compran acciones de Punta Catalina

Santo Domingo.- Denunció que el anuncio que ha hecho el Presidente de la República, Danilo Medina de poner en venta acciones de las plantas de carbón de Punta Catalina por mil millones de dólares, es una maniobra para justificar y legitimar el uso de los fondos de pensiones en este proyecto.

Señaló que el gobierno pretende reemplazar con fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos el financiamiento internacional por 1,200 millones de dólares que originalmente fue previsto para Punta Catalina y que por diferentes causas ya no llegará al país.

Explicó que el préstamo del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no se ha podido desembolsar por estar Odebrecht, la empresa que encabeza el consorcio que construye las plantas en Punta Catalina, siendo investigada por la justicia brasileña, así como también el préstamo mismo por estar bajo sospecha de tráfico de influencias.
“Tampoco ha sido posible desembolsar el préstamo negociado con un pool de bancos europeos por estar este crédito condicionado al de BNDES y por no responder las plantas que se construyen en Punta Catalina los requisitos tecnológicos y medioambientales a los que estos bancos están sometidos en sus respectivos países de origen para financiar planas de carbón”, amplió.

Manifestó que estos 1,200 millones de dólares representan 30 mil 662 pensiones de por vida de igual cantidad de trabajadores calculadas a partir de que cada trabajador pensionado recibirá una pensión mensual promedio de RD$9,855, equivalente al actual salario mínimo cotizable, durante 14 años que es el tiempo promedio entre la edad de jubilación y la expectativa de vida en el país.

Indicó que esta cantidad de dinero representa a mayo pasado, el 13.90% del total del patrimonio de los fondos de pensiones, lo que revela las enormes dimensiones del drenaje de estos recursos y las repercusiones negativas que supondrán para la supervivencia de la Seguridad Social.

Informó que el 9 mayo pasado el Comité de Evaluación de Riesgos y Límites de Inversión de la Superintentencia de Pensiones autorizó mediante las resoluciones No. 110 y 112 prestar 600 millones de dólares de los fondos de pensiones para Punta Catalina que aún no se ha materializado por el rechazo que despertó la noticia en la opinión pública.

Significó que estos 600 millones de dólares representan 15 mil 331 pensiones de por vida de igual cantidad de trabajadores y equivalen al 6.94% del total del patrimonio de los fondos de pensiones, basados en los cálculos planteados más arriba y con datos a mayo pasado.

El Comité se opone a que los fondos de pensiones se utilicen para financiar proyectos de carbón mineral por ser un gran emisor de dióxido de carbono y por la gran contaminación que produce que daña la salud, las actividades productivas y al medio ambiente.
“Es una cuestión ante todo ética que los fondos de pensiones de los trabajadores no pueden contribuir al cambio climático, a perjudicar la salud de los trabajadores y a su entorno. Por esa razón en todo el mundo está prohibido que estos fondos se utilicen para financiar minas o plantas de carbón”, dijo
Planteó que además de este aspecto ético, la inversión de los fondos de pensiones en las plantas de carbón de Punta Catalina viola la ley que establece que estos recursos deben ser invertidos en proyectos de muy bajo riesgo y de alta rentabilidad.
“Punta Catalina ni es un proyecto seguro ni garantiza alta rentabilidad, además de que por las dimensiones del monto de esta inversión pone en peligro las futuras pensiones de miles de trabajadores y la existencia misma de la Seguridad Social”, puntualizó.

Adujo que “Si el gobierno y la CDEEE recurren a los fondos de pensiones es precisamente porque Punta Catalina ha fracasado, carece de financiamiento nacional e internacional y no será rentable por los altos costos financieros que deberá pagar”.

Exhortó a los trabajadores a defender sus futuras pensiones ante los planes del gobierno de emplear los fondos de pensiones en Punta Catalina y de exigirles a las centrales sindicales del país que los veten en el Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Recordó que el artículo 24 de la Ley 87-01 de la Seguridad Social reconoce el derecho al veto al movimiento sindical. “Si los dirigentes de las centrales sindicales no ejercen este derecho al veto contra el uso de los fondos de pensiones en Punta Catalina serán cómplices de que miles de trabajadores pierdan sus pensiones y de la desaparición de la Seguridad Social en el país”, observó.
“Los dirigentes sindicales están obligados a pronunciarse de manera tajante y firme, sin dejar cabida a la duda, en contra del uso de los fondos de pensiones de los trabajadores en las plantas de carbón de Punta Catalina y en cualquier otro proyecto que amenace la sostenibilidad de estos fondos y de la Seguridad Social”, afirmó.