Demandan que candidatos a la presidencia y partidos definan su posición sobre plantas de carbón

Explicaron que convocaron a los candidatos a la presidencia de la República y a los presidentes de los partidos políticos a comparecer de manera forzosa a la audiencia que celebrará el Tribunal Superior Administrativo el próximo lunes 18 para conocer el recurso de amparo ambiental preventivo que interpusieron, porque estas plantas afectarán de manera irreparable el ambiente y la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de la comunidades cercanas a Punta Catalina y a la ciudad de Baní con más de 92 mil habitantes.

Informaron que fueron citados a la audiencia del próximo lunes 18, los candidatos a la presidencia de la República, Minou Tavárez Mirabal, Luis Abinader, Guillermo Moreno y el presidente de la República, Danilo Medina.

También citaron a los presidentes de la los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, del Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, del Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, del Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista García, y de la Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig.

Consideraron que la dirigencia política del país está en la obligación de defender los derechos colectivos y difusos contenidos en el artículo 66 de la Constitución de la República y el artículo 8 de la ley 64-00 sobre el Principio de Prevención y de Precaución.

Señalaron que amparados en estos derechos colectivos y difusos están solicitando al Tribunal Superior Administrativo que ordene la inmediata suspensión de las plantas de carbón que construye el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella y también la que de manera secreta e ilegal autorizó el gobierno instalar en Punta Catalina, y el reemplazo del carbón mineral por el gas natural como combustible para estas plantas.

Dijeron que depositaron ante el tribunal el acuerdo de potencia suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE) y la empresa Pinegy Commercial Group, S.R.L., No. 391-13, del 27 de diciembre del 2013, y la resolución del Consejo Directivo de la CDEEE contenida en el Acta No. 235 de la sección ordinaria de este organismo del 13 de febrero del año 2014 y el Poder Especial del Presidente de la República, Danilo Medina, del 28 de marzo del 2014 ambos documentos ratificando este acuerdo.

Las organizaciones solicitaron al TSA que también ordene la paralización de esta tercera planta secreta por constituir igualmente un atentado a los derechos colectivos y difusos de la población de la provincia Peravia y por ser este acuerdo violatorio a la Constitución y a la leyes que obligan a la licitación pública de cualquier concesión de esta naturaleza y a la transparencia.

Manifestaron que desean escuchar a los candidatos a la presidencia y a los partidos políticos oponiéndose a estas plantas de carbón, a las dos que construye el consorcio Odebrecht-Tercnimot-Estrella y a la tercera secreta develada esta semana, por violar el artículo 27 de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, que estableció la descarbonización y la promoción de las energías renovables.

Todos estos partidos que hemos citado participaron en la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por lo que tienen la obligación de defender que ésta se respete y a contribuir a su aplicación, adujeron.

Anunciaron también que solicitaron a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda una copia certificada del acuerdo especial entre el gobierno dominicano y el consorcio de entidades bancarias constituido por el Deutsche Bank, Banco de Santander de Milán, ING Bank, Societé Generale, UNICREDIT SPA y SACE de Italia, de fecha 30 de diciembre del año pasado que contiene las cláusulas no publicadas por el vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara del préstamo de 200 millones de dólares que este pool de bancos concedió al gobierno para pagar a los suplidores extranjeros de la construcción de las plantas de Punta Catalina.

Esta solicitud fue depositada también ante el tribunal porque estas cláusulas son lesivas a los intereses nacionales.

Según las organizaciones, en este acuerdo especial el gobierno dominicano se compromete a asumir las demandas que estos bancos pudiera recibir por conceder este préstamo a favor de plantas de carbón y, además, se establece que el gobierno devolverá la totalidad de la suma recibida el 1ero de abril en caso de que el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES) no desembolsa el empréstito comprometido para este proyecto, lo cual es muy difícil que ocurra dado que Odebrecht está bajo la investigación de un proceso penal en Brasil que mantiene en prisión a quien fuera hasta hace poco su presidente, indicaron.

Igualmente informaron que solicitaron a la CDEEE que informe sobre el contrato de reforestación para el manejo y mitigación de daños de las plantas de carbón de Punta Catalina suscrito entre esa empresa estatal, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consorcio de la Caoba Dominicana (CONCADOM), con la finalidad de que el Tribunal Superior Administrativo lo evalúe en el proceso de amparo que se está llevando a cabo en este tribunal.

Además del CNLCC y de INSAPROMA, las organizaciones que han interpuesto el recurso de amparo preventivo medioambiental son la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina, Inc., (APROTECA), la Federación de Campesinos Banilejos (FECABA), el Comité de Defensa a la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, la Junta de Vecinos de Vecinos de Sainaguá, la Sociedad Ecológica de Nizao (SOEN), la Junta de Vecinos Heriberto Lugo, y la Fundación Macorís Verde.