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Awilda Reyes Beltre
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Suspendida jueza Awilda Reyes apela prisión preventiva en su contra

Por EFE
lunes 28 de diciembre de 2015, 18:34h
La suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, acusada de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, apeló la medida de coerción, consistente en tres meses de prisión preventiva, dictada en su contra el pasado 17 de diciembre.

Santo Domingo,(EFE).- El recurso de apelación fue depositado poco después de las 11 de la mañana en la Secretaría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El presidente de esta sala es el juez Ramón Horacio González Pérez, quien precisamente envió a la suspendida jueza a la cárcel de Najayo, junto al exministro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera.

Arias Valera, quien renunció al cardo, y Reyes están acusados de supuesta irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El pasado 17 de diciembre, el juez Horacio González condenó a los dos imputados a tres meses de cárcel preventiva por presuntas actividades corruptas a ambos imputados.

El mes pasado el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa. Sobre estos jueces se ciernen acusaciones de supuestas faltas graves en sus funciones como responsables de impartir justicia.

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

El alto cargo sostuvo que Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza Reyes Beltré emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus, mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), acusado de ser el autor intelectual de varios asesinatos.

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