Santo Domingo, DN.- Antonio Páez, coordinador del Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales, expone que la situación de pobreza que se vive en los asentamientos vulnerables debe ser una prioridad a resolver para el Estado.
Páez afirma que los diferentes gobiernos se han caracterizado por implementar programas con bajos niveles de calidad en estos asentamientos, además lo que se ejecuta son dadiva que se reparte como a ellos bien le parezca y les convenga, señala. Páez aseguró que la crisis habitacional es más aguda en las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Ozama e Isabela.
Según datos del Observatorio de Ciudad Alternativa el 62.2% de viviendas, en esas comunidades, cuentan con algún tipo de deficiencias, ya sea cualitativo o cuantitativo.
Las instituciones articuladas en Foro Ciudadano coinciden en que es necesario establecer una ley que garantice el acceso a una vivienda digna a todas y todos los ciudadanos, pues este es un derecho constitucional que los gobiernos están obligados a cumplir y es deber del Estado facilitar los recursos y las condiciones de acceso a una vivienda. Con énfasis en los sectores empobrecidos, tal y como señala COPADEBA. “A nivel nacional existe un déficit cuantitativo y cualitativo que supera los 2 millones de viviendas y por esto hay una necesidad de que se apruebe esta ley, en garantía a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo quienes viven en asentamientos humanos empobrecidos”, afirma Alfonsina Cuesta, directora ejecutiva de FUNDECON, organización que funge como Secretaría General de Foro Ciudadano.
La ley es una propuesta articulada desde Foro Ciudadano que busca impactar positivamente en los asentamientos humanos empobrecidos del país, asegurando el acceso a una vivienda y aun hábitat saludable, como un derecho. La propuesta proyecta la derogación de la Ley 5892 que creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y dar paso a un nuevo marco de política que garantice la integralidad.
“Estamos ante una Ley decadente y obsoleta. El INVI se creó para la articulación de una serie de instituciones, algunas ya caducadas. El propio gobierno expresa su desconfianza hacia el INVI colocando cada vez menos inversión en dicho organismo, la desatención a la población denota la ineficiencia con que se han desempaño los programas de vivienda. En estos momentos se avecina la aprobación del presupuesto, siendo una gran oportunidad para solucionar el problema del hábitat, con una política de inversión real, que beneficie a los sectores más empobrecidos del país, expresó Alfonsina Cuesta.
“No es posible conseguir resultados distintos haciendo más de lo mismo, es necesario cambiar las políticas de dispersión del Estado, hay demasiadas instituciones manejando el tema de vivienda bajo una ley obsoleta que no soluciona de manera alguna el déficit habitacional, es por lo que queremos una nueva institución que garantice el acceso, sobre todo a la población más empobrecida del país, ya que ellos no tienen la posibilidad de adquisición de una vivienda.
Es por eso que Foro propone una nueva ley: “Vivienda y asentamientos humanos empobrecidos”, que plantea un cambio en las políticas de viviendas, un ambiente saludable, seguridad en la tenencia y arraigo y acceso a la ciudad, siendo promovida desde el movimiento Casa YA, integrado por la sociedad civil y varias organizaciones sociales”, añade Cuesta. Estamos ante la necesidad de una nueva institucionalidad. Que saque el presidencialismo, el paternalismo y devuelva el derecho por medio de un sistema de acceso a la vivienda con claridad en sus objetivos, y que impacte sobre todo esa población más empobrecida, esa que no tiene capacidad de compra en el mercado, ni acceso al crédito, asegura.
De igual manera, Rafael Jovine, coordinador del Observatorio de Derecho a la Ciudad, de Ciudad Alternativa, considera que la institución responsable de la construcción de viviendas, en este momento es anticuada y que el INVI no está haciendo nada de lo que se tiene programado, dejándose a manos de empresas privadas la construcción de viviendas, sistema que no responde a las necesidades de la gente. Asegura que no se puede seguir viendo la vivienda solo como un techo y cuatro paredes, pues esta es un condicionante a otros derechos, como salud, educación, servicios y demás, que son garantías a la dignidad humana y esto es lo que el Estado debe de ofrecer con una política de vivienda. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco del Diálogo Urbano que se organiza todos los meses por representantes de Ciudad Alternativa y Copadeba, y que esta vez estuvo integrado por representantes de Foro Ciudadano, contando con la ponencia de Rafael Jovine del ODC y la vocería de Alfonsina Cuesta, directora de FUNDECOM.
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