Santo Domingo, (EFE).- En declaraciones a la prensa, Rosa Iris Diendom, de la organización Dominican@s por Derecho y que participó en la concentración por el segundo aniversario de la sentencia, dijo que el polémico fallo "viola principios constitucionales y los derechos humanos".
Mientras que Ana María Belique, de la organización defensora de descendientes de haitianos Reconoci.do, señaló que la sentencia 168-13 "desvirtúa" la naturaleza del Tribunal Constitucional, que, según argumentó, era asegurar los derechos fundamentales de las personas.
"Vinimos aquí a buscar justicia, que se nos reconozca un derecho, (pero) salimos todos desnaturalizados", apostilló. Sin embargo, Raquel Valerio, quien coordina el grupo Los Protectores de la Patria, declaró que la sentencia 168-13 hace valer los derechos del país de dirigir su política migratoria. Valerio denunció que al país siguen entrando haitianos ilegales por la frontera y que las repatriaciones de indocumentados han sido "frenadas" por las autoridades.
Consideró, que la sentencia busca que sean escuchados los intereses del pueblo dominicano, sobre todo en el ámbito de la inmigración hacia el país que, a su juicio, ha afectado a todos los sectores El Tribunal Constitucional dominicano emitió hace dos años la mencionada sentencia que establece que a las personas nacidas en el país de padres extranjeros en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad dominicana. La decisión, de carácter inapelable, fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.
Tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno dominicano puso en marcha un Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el "más ambicioso" en materia migratoria en el país, y una Ley especial de Naturalización. El pasado 17 de junio terminó el plazo de inscripción al plan de regularización, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía, y tras el cual entró en vigor una segunda fase, centrada en los operativos de repatriaciones. El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que en ese proceso no solo se lleven a cabo deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
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