El presidente de EEUU, Barack Obama, anunciará este cambios en las medidas que adopta el Gobierno en respuesta al secuestro de estadounidenses en el extranjero, que incluyen no iniciar un proceso judicial contra las familias que paguen rescates por su liberación.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, anunció hoy en su rueda de prensa diaria que el resultado de la revisión ordenada por Obama el año pasado se dará a conocer mañana, miércoles, por medio de un informe con recomendaciones y una orden ejecutiva firmada por el presidente.
Entre los detalles de esa revisión adelantados hoy por varios medios figura la decisión de no perseguir judicialmente a las familias que paguen rescates por la liberación de sus seres queridos, aunque se mantiene la política de larga data contraria a concesiones a los secuestradores por parte del Gobierno.
Esa política de "no hacer concesiones a los terroristas" no está "bajo revisión", enfatizó Earnest.
El portavoz añadió que Obama sigue creyendo que pagar un rescate a una organización terrorista que mantiene cautivo a un estadounidense implica dar financiación a ese grupo para seguir delinquiendo y coloca a otros compatriotas en riesgo de ser secuestrados en el extranjero.
La revisión fue ordenada por Obama a mediados del año pasado y se puso en marcha debido al aumento de los secuestros de estadounidenses en el exterior y, en particular, tras los casos de rehenes en manos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) que posteriormente fueron decapitados.
Familiares de estadounidenses secuestrados en el extranjero serán informados hoy por funcionarios del Gobierno de los detalles de la revisión y mañana se reunirán con Obama, quien prevé dar un discurso público para explicar los cambios, según detalló Earnest.
Esos cambios contemplan también la creación de un centro de coordinación, con representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y los departamentos de Justicia, Estado y Defensa, para asegurar que las familias de los secuestrados reciben apoyo y asesoría adecuada.
Varias familias, entre ellas la del periodista James Foley, decapitado el año pasado por el EI, se han quejado de la recurrente negativa del Gobierno a hacer concesiones a los terroristas y han calificado de incoherente e, incluso, contradictoria la asistencia brindada por las autoridades.
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