derechos fundamentales

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la exclusión de la libertad de expresión en la transición política de Venezuela, instando a medidas urgentes para garantizar un periodismo libre. Advirtió que sin prensa independiente, no habrá una recuperación democrática genuina y sostenible.

El Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia colaboran en iniciativas clave para modernizar el sistema judicial dominicano, incluyendo leyes para mejorar la eficiencia, simplificar procesos y eliminar tasas judiciales. El magistrado Henry Molina destacó avances en transparencia y digitalización, enfatizando la importancia de una justicia accesible y confiable.

La Corte de Apelación del Distrito Nacional evaluará el 20 de enero los recursos de apelación contra la prisión preventiva de 18 meses del exdirector del Senasa y otros seis acusados de corrupción. Se argumenta que la decisión judicial carece de fundamentos legales y vulnera derechos fundamentales.

Un tribunal en Santo Domingo condenó a Franklin Santana a 20 años de prisión por la violación de una adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado ahogado en Boca Chica. La investigación se inició tras la denuncia de su hermana, revelando pruebas contundentes de acoso y amenazas por parte del acusado.

La Cámara de Diputados de Santo Domingo aprobó un proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. La propuesta, que regresará al Senado, busca establecer un marco legal para la seguridad del Estado, protegiendo derechos fundamentales y la libertad de expresión.

Maxi Feliz, defensora de derechos neurodivergentes, denuncia la falta de asignación en el Presupuesto Ciudadano 2026 para la Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta omisión vulnera derechos fundamentales y afecta a miles de familias. Exige recursos claros y cumplimiento legal por parte del Estado.

La Fundación Finjus objetó el Proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, señalando conflictos con la Constitución y amenazas a derechos fundamentales. Criticó la facultad de acceder a datos personales sin autorización judicial y consideró desproporcionadas las sanciones por ocultar información.

La Cámara de Diputados de Santo Domingo aprobó en primera lectura un proyecto de ley para crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regular el Sistema Nacional de Inteligencia, garantizando derechos fundamentales y libertades de prensa. Además, se aprobó un incentivo económico para médicos en zonas fronterizas.

Charlie Mariotti, aspirante presidencial del PLD, criticó el nuevo Código Procesal Penal aprobado por la Cámara de Diputados, considerándolo injusto y desequilibrado. Afirmó que concentra poder en el Ministerio Público, debilita derechos fundamentales y compromete la imparcialidad judicial. Llamó al Senado a revisar el proyecto para garantizar un proceso penal justo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que trabajan en la reforma del Código Procesal Penal, con un plazo definido por el Tribunal Constitucional. Destacó la colaboración entre poderes y la importancia de equilibrar eficacia y derechos fundamentales en el nuevo código.

Las reformas de esta normativa responden a la necesidad de modernización de la justicia, en procura de mayor celeridad, transparencia y eficiencia de los procesos, con el fin de garantizar derechos fundamentales del proceso judicial.

En República Dominicana, las muertes relacionadas con la policía, a menudo justificadas como "intercambios de disparos", han sido reveladas como ejecuciones extrajudiciales. El caso de La Barranquita, donde cinco murieron, llevó al arresto de 11 policías. Esto refleja una lucha por justicia y la necesidad de reformar la cultura policial.

Familiares del cantante Rubby Pérez han apelado la decisión judicial sobre las medidas de coerción impuestas a Antonio y Maribel Espaillat, responsables del colapso en la discoteca Jet Set que dejó 236 muertos. Buscan garantizar derechos fundamentales y el esclarecimiento de la tragedia, confiando en el sistema de justicia.

La presidenta de la Comisión Especial del Congreso dominicano anunció la apertura para escuchar aportes sobre el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Se discutieron temas como la inconstitucionalidad y la regulación del Instituto Nacional de las Comunicaciones, buscando garantizar derechos fundamentales en comunicación.

El Instituto Duartiano rechaza la campaña de la ONU y la OIM contra la República Dominicana por supuestas deportaciones de haitianas embarazadas. Defienden que el país ha brindado asistencia a Haití y sostiene su derecho soberano a repatriar indocumentados, criticando la falta de acción de la ONU ante la crisis haitiana.