codigo penal

Amnistía Internacional (AI) expresó este martes su rechazo al nuevo Código Penal dominicano, promulgado recientemente y que mantiene la penalización total del aborto, incluso cuando se trata de embarazos producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.

La Fundación Finjus apoya la promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, aunque advierte sobre sacrificios de derechos y errores que contradicen la Constitución. Proponen estudios para enmendar el código y llaman a la comunidad jurídica y sociedad civil a participar en su fortalecimiento.

El Ministerio de Interior y Policía de Santo Domingo, junto con la Procuraduría, implementará un plan contra los feminicidios, que han dejado 48 víctimas en 2023. Se busca motivar a las mujeres a denunciar violencia de género y se destaca la creación de un centro de salud mental para uniformados involucrados.

La promulgación del nuevo Código Penal Dominicano fue celebrada por empresarios, juristas y políticos como un avance hacia una legislación moderna, reemplazando la obsoleta de 1884. Destacan su importancia para fortalecer el Estado de derecho y mejorar la justicia en el país, marcando un hito en su historia legislativa.

La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, elogió el nuevo Código Penal, destacando su alineación con las tendencias modernas en criminología. Resaltó la necesidad de actualizar la legislación para abordar la criminalidad actual, agradeciendo a legisladores por su enfoque progresista a pesar de presiones contrarias.

Reconoce valentía de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo De los Santos y Alfredo Pacheco junto a senadores y diputados que aprobaron la pieza. Destaca la tipificación del peculado de uso, que se sancionará con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

El presidente Luis Abinader promulgó el nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando un avance que sustituye la legislación que rigió desde 1884, informó la Dirección de Prensa del Palacio Nacional.

Max Puig, en el 33 aniversario de la Alianza por la Democracia, destacó la importancia de una democracia funcional y participativa. Criticó el nuevo Código Penal por no proteger los derechos de las mujeres y perpetuar vacíos legales. Abogó por una democracia que garantice justicia y transformación social para todos.

El Congreso Nacional convirtió en ley la reforma completa del largamente debatido Código Penal, que endurece las penas para varios delitos, incluye otros y mantiene la penalización del aborto.

Diputados de Santo Domingo aprobaron en segunda lectura la modificación del Código Penal, reemplazando la ley de 1884. Con 159 votos a favor, el nuevo proyecto incluye penas de hasta 60 años y penaliza delitos como crímenes de guerra, sicariato y acoso, entre otros.

El Pleno de la Cámara de Diputados, en esta primera sesión de la legislatura extraordinaria, aprobó la conformación de una comisión especial que preparó un informe sobre el proyecto del Código Penal, que será leído en el hemiciclo este miércoles.

La Cámara de Diputados de Santo Domingo creó una comisión especial para agrupar propuestas de modificaciones al Código Penal. El presidente Alfredo Pacheco anticipó que podría aprobarse pronto, aunque la deliberación sobre el fondo del proyecto no está permitida. La comisión incluye a varios diputados destacados.

El texto critica un proyecto de código penal en República Dominicana, argumentando que carece de la experiencia necesaria y no aborda problemas históricos como la corrupción. Señala que no refleja adecuadamente conceptos importantes del derecho penal moderno y sugiere que debe actualizarse para ser coherente con un Estado social y democrático de derecho.

El Poder Ejecutivo convocará a una legislatura extraordinaria para discutir la reforma del Código Penal, con el fin de convertirla en ley. Los líderes del Congreso solicitaron 10 días de trabajo parlamentario, aceptados por el presidente Abinader, para revisar detalles antes del cierre de la legislatura actual.