Santo Domingo.– La petición fue presentada durante la audiencia preliminar que conoce el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que el juez Raymundo Mejía ordenara el inicio formal del proceso tras dos aplazamientos. En la vista, los fiscales expusieron un resumen del expediente acusatorio, compuesto por 156 páginas.
Según el Ministerio Público, los imputados realizaron durante años múltiples intervenciones en la estructura del establecimiento sin notificar a las autoridades competentes, lo que impidió que existieran registros de inspecciones o supervisión técnica de las remodelaciones. Esta conducta, sostienen, constituye una violación a la normativa vigente y evidencia negligencia en la gestión del local.
El órgano acusador también señaló que las intervenciones en el techo del establecimiento se hicieron de manera informal, sin evaluaciones especializadas que determinaran la capacidad de carga de la estructura. A esto se suma, según la acusación, la omisión de advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando criterios económicos por encima de la seguridad.
Como parte de los elementos citados en la audiencia, se recordó que Antonio Espaillat admitió en una entrevista, días después del siniestro, que los plafones del techo “siempre” presentaban fallas y que incluso el mismo día del derrumbe fueron reemplazados algunos, sin que se realizara una evaluación estructural integral pese a las filtraciones existentes.
La audiencia, que inició este lunes, fue recesada hasta el próximo 20 de abril, fecha en la que el tribunal deberá continuar con el conocimiento del proceso y eventualmente decidir si existen méritos suficientes para enviar a juicio de fondo a los acusados. Los hermanos Espaillat fueron arrestados en junio de 2025, aunque posteriormente obtuvieron libertad condicional.
Previo al inicio de la vista, el juez dispuso la realización de un nuevo peritaje técnico en un plazo de 30 días, a solicitud de la defensa, decisión que generó reacciones de inconformidad entre familiares de las víctimas, quienes temen que la medida retrase el avance del caso.
Durante la jornada, se evidenció el dolor y la indignación de los afectados. Un hombre identificado como Rafael, quien perdió a una hija en la tragedia, cuestionó la necesidad de un nuevo estudio técnico. En tanto, la abogada Ingrid Hidalgo, representante de la viuda del expelotero Octavio Dotel, consideró que la existencia de dos peritajes no impedirá determinar las causas del colapso.
La tragedia ocurrió mientras cientos de personas asistían a una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el desplome, junto a uno de los integrantes de su orquesta. Entre las víctimas se contabilizaron además ciudadanos de varias nacionalidades, incluidos venezolanos, franceses, italianos y de otros países.
El caso continúa su curso en los tribunales, en medio de la expectativa de familiares y de la sociedad dominicana, que aguarda justicia por un hecho que marcó profundamente al país. H.A.A.
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