JCE califica de "contundente" fallo a su favor emitido por el Constitucional

Santo Domingo.- La sentencia 282/17 del Tribunal Constitucional admitió la acción, a la vez que resolvió a favor de la Junta Central Electoral el conflicto de competencias desatado en 2015 respecto al reconocimiento de los partidos políticos de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley electoral, según destacó Castaños Guzmán en un documento.

El funcionario señaló que "la sentencia 282/17 resulta altamente oportuna, tomando en cuenta que justo la semana pasada la JCE interpuso una nueva acción ante el Tribunal Constitucional por un conflicto muy similar".

En ese orden, aseguró que la decisión no solo es contundente en cuanto a la importancia de preservar las competencias exclusivas de la JCE y el alcance de las del Tribunal Superior Electoral en los términos de la ley, "sino que nos deja optimistas respecto al desenlace del conflicto de competencia que acabamos de introducir la semana pasada".

La decisión dictada por el Tribunal Constitucional, que cuenta con varios votos disidentes y salvados, establece expresamente:

"En el ordenamiento jurídico vigente, las contestaciones contra la decisión adoptada por la Junta Central Electoral (JCE) en el reconocimiento de los partidos políticos carecen de eficacia contencioso-electoral y, por tanto, no entran en la esfera competencial del Tribunal Superior Electoral (TSE), sino que al tratarse de un acto meramente administrativo puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos regulados por la Constitución y la ley."

En cuanto a su dispositivo, la sentencia admite la acción interpuesta por la JCE, para luego declarar, que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) conocer las revisiones administrativas de las decisiones que emite en el procedimiento de reconocimiento de los partidos políticos, en los términos señalados en el artículo 44 de la ley 275-97.

Además, de que las decisiones y actos que emite la Junta Central Electoral (JCE) en el procedimiento de reconocimiento de los partidos y organizaciones políticas, al ser de naturaleza administrativa, y en ausencia de una atribución legal expresa, no pueden ser impugnados ante el Tribunal Superior Electoral, sino ante la jurisdicción contencioso-administrativa".