Borracheras de gastos, cierre y/o quiebra del Gobierno

La semana ha sido rica en hechos parafraseados, pintorescos y aleccionadores, que ojalá sean aprovechados por responsables de administrar e influir en la conducción de nuestra cosa pública.

Durante el debate presupuestario español, su Ministro de Hacienda culpó a borracheras de gastos del socio-populismo ibérico por la debacle económica de España.

Esa borrachera se manifiesta incurriendo en erogaciones por encima de recaudaciones requiriéndose endeudamientos para financiarse, que posteriormente tienen que ser pagados. Es el caso dominicano donde recaudaciones no alcanzan para cubrir cargas fijas del Estado, requiriéndose endeudamiento hasta para una mínima inversión.

Donald Trump, ante la posibilidad de cierre de agencias gubernamentales por falta de acuerdo presupuestario congresional, no se rasgó vestiduras sino que se frotó las manos, al considerar que “se necesita un buen cierre… para arreglar el caos” legado por el socio-populismo predecesor. Un caos similar lo constituye nuestra hipertrofiada burocracia, preñada de organismos que no desempeñan roles, duplican funciones o no cumplen las que deben cumplir por hacer lo que otros hacen y sobrecargadas de funcionarios dispendiosos provocadores de borracheras de gastos.

Puerto Rico (PR) acaba de solicitar la declaración de bancarrota, a lo que podríamos llegar si no detenemos esta borrachera originada en el caos predominante.

Por borrachera de gastos la vecina isla fue requiriendo endeudamientos sucesivos que fueron incrementándose como bola de nieve. Llegado un punto PR se vio en la disyuntiva de utilizar sus recaudaciones en pagar acreedores dejando de cubrir servicios esenciales o cumplirlos sacrificando acreencias; dando origen a exigencias e intervenciones del Congreso Norteamericano, por la condición de Estado Libre Asociado (ELA). Una Junta de Control Fiscal (JCF) fue designada.

En este escenario de negociaciones, PR formuló propuestas que no fueron aceptadas por acreedores quienes prefirieron recurrir a tribunales federales contra el ELA y sus funcionarios. Para protegerse, PR se declaró en bancarrota.

Este subterfugio jurídico-financiero tiene sus consecuencias económicas y políticas. Mientras los tribunales deliberan, se deja de recibir financiamientos. Las cuentas del ELA y sus funcionarios podrán embargarse. El crédito comercial se hace reservado. Las inversiones privadas se desalientan. El flujo de remesas puede ser obstaculizado. Da margen a aplicación de restricciones migratorias.

La soberanía política queda mancillada como hoy se encuentra PR con la JCF. O como sufrió nuestra nación con la intervención aduanal y la consecuente ocupación militar de 1916.

Ojalá que las instancias responsables de nuestra nación insten al gobierno a detener la borrachera de gastos imperantes que apuntan hacia un caos fiscal, financiero, económico, social y político para no encontrarnos en disyuntiva tales como cerrar el gobierno o declararnos en bancarrota potencialmente lesionadora de nuestra soberanía.