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Procuraduría General de la República.
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Procuraduría General de la República. (Foto: Fuente externa)

El Ministerio Público crea la Unidad de Investigación de Comercios Ilícitos

Por Xiomara Martínez
domingo 18 de mayo de 2025, 23:06h
El Ministerio Público de Santo Domingo ha creado la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) para coordinar acciones contra delitos que afectan el comercio lícito. Se han confiscado mercancías por más de 100 millones de pesos y se destruirán productos adulterados valorados en 18 millones, en cumplimiento de la Ley 17-19.

Santo Domingo.- El Ministerio Público anunció la creación de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI).

La unidad tiene entre sus funciones coordinar con la Dirección General Persecución y otras áreas operativas del órgano persecutor todas las acciones para la persecución de los delitos que atentan contra el comercio lícito, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

El Ministerio Público recordó que, en coordinación con las agencias que trabajan en la persecución del comercio ilícito, se han ocupado mercancías por más de 100 millones de pesos, y que para el próximo jueves está programada la destrucción de productos adulterados por un valor de unos 18 millones de pesos.

"El comercio Ilícito genera daños a la sociedad en general y una evidencia de esta realidad es todas las muertes que causó el alcohol adulterado en el 2020", dijo la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Las acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

La legislación, del 20 de febrero de 2019, busca “erradicar el comercio ilícito de mercancías, tipificando los delitos de comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados y estableciendo sus sanciones administrativas y penales”.

La citada ley tiene un enfoque especializado en productos como los medicamentos, los hidrocarburos, los productos del alcohol y sus derivados y los productos del tabaco y sus derivados, con un ámbito de aplicación en todo el territorio nacional a todas las personas físicas y jurídicas incluyendo las actividades realizadas en zonas francas y centros logísticos.

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