República Dominicana enfrenta apagones prolongados que afectan la producción y la vida diaria. La falta de acción gubernamental y planificación energética agrava la crisis, perjudicando especialmente a pequeños negocios. Se exige inversión en infraestructura, transparencia y apoyo a los afectados para garantizar un suministro eléctrico sostenible y justo.
En las últimas semanas, el país ha vuelto a sumergirse en una vieja pesadilla: los apagones prolongados. Desde los barrios más humildes hasta zonas productivas del país, la electricidad —ese derecho básico y motor del desarrollo— se ha convertido en un lujo intermitente. La indignación crece, y con razón. La falta de energía eléctrica no solo incomoda: retrasa la producción, paraliza las labores de miles de trabajadores informales, arriesga la seguridad ciudadana y atenta contra la estabilidad social.
Mientras los transformadores chispean y las velas vuelven a encenderse, surgen preguntas inevitables: ¿Dónde está la planificación energética del gobierno? ¿Quién responde por los cortes no anunciados y la falta de inversión en un sistema que sigue siendo tan frágil como hace décadas?
Pequeños negocios al borde del colapso
Los más afectados, como siempre, son los pequeños. Colmados, salones de belleza, talleres, costureras, emprendedores tecnológicos… todos enfrentan el mismo obstáculo: sin energía no hay ingresos. Los que pueden, gastan lo que no tienen en combustible para plantas eléctricas o inversores; los que no, simplemente cierran. Y detrás de cada cierre hay una familia esperando el sustento del día.
El silencio oficial y la falta de acción
Desde el Palacio Nacional, el discurso es de “modernización del sistema” y “compromisos en marcha”, pero los resultados siguen sin llegar. Las promesas de mejoras estructurales no pueden seguir aplazándose mientras el país se oscurece. La gente no come promesas ni produce con discursos.
Lo preocupante es que esta no es una situación inesperada. Los problemas estructurales del sistema eléctrico dominicano —desde la generación hasta la distribución— son conocidos, diagnosticados y denunciados. Lo que falta es voluntad, transparencia y acción decidida.
Un llamado urgente
No se trata solo de evitar apagones. Se trata de garantizar calidad de vida, dinamismo económico y confianza en las instituciones. El gobierno debe actuar con urgencia, no solo apagando fuegos, sino construyendo una solución sostenible y justa. Eso implica:
Inversión real y eficiente en infraestructura eléctrica.
Auditoría pública de las empresas distribuidoras.
Transparencia total en los contratos y licitaciones energéticas.
Apoyo directo a los pequeños negocios afectados.
Un calendario claro y cumplible para la estabilización del servicio.
La electricidad no puede seguir siendo un privilegio. Es hora de que el gobierno entienda que cada apagón no solo apaga una bombilla, apaga también la esperanza de miles que luchan por salir adelante.
República Dominicana no puede progresar a oscuras.
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