Santo Domingo.- El movimiento Participación Ciudadana denunció que los legisladores no han escuchado las demandas sociales en la propuesta de modificación al Código Penal, el cual contiene disposiciones que considera "graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia".
El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que manifiesta su "profunda preocupación" ante la aprobación en primera lectura del texto por el Senado, llama al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, a actuar con "responsabilidad democrática" y abrir "un espacio real de diálogo", a fin de que el Código Penal fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, en línea con los principios constitucionales y los estándares internacionales.
Exhorta al presidente Luis Abinader a que, en caso de ser aprobado el Código Penal con "todas estas fallas", utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar modificaciones al Congreso.
Participación Ciudadana detalla las preocupaciones principales que le plantea este proyecto de reforma y, entre ellas, destaca que la exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, "creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas".
Además, se penaliza el aborto y no se contemplan las tres causales (vida o salud de la mujer en riesgo, embarazo producto de una violación o incesto y feto inviable fuera del útero).
En su opinión, hay un retroceso en la lucha contra la corrupción, pues "se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos" para salud u otras prioridades.
Además, el texto mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares y también se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información, el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.
Este movimiento cívico también habla de retrocesos en la protección frente a la discriminación y de los riesgos para la libertad de expresión, al mantenerse penas privativas de libertad por difamación e injuria.
Hace una semana, el Senado aprobó en primera lectura el nuevo Código Penal, que tipifica modalidades delictivas como genocidio, feminicidio, desaparición forzada, sicariato, tratos crueles, actividad sexual no consentida, hostigamiento, daños con sustancias nocivas o infracciones por medios digitales, entre otras.
También hay nuevas tipificaciones relativas a terrorismo, tortura, arresto ilegal, lesa humanidad, robo de identidad, inducción al suicidio, corrupción administrativa y bullying.
Entre otros puntos, la iniciativa contempla el cúmulo de penas por varios cargos hasta los 60 años.