Los especialistas afirmaron que los archivos sugieren la existencia de una “empresa criminal global”, con indicios de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desapariciones forzadas, tortura, tratos degradantes y feminicidio. Ante ello, hicieron un llamado a que tribunales nacionales e internacionales investiguen y procesen los presuntos crímenes, subrayando que ningún individuo, por poderoso o influyente que sea, debe quedar fuera del alcance de la justicia.
Los expertos también denunciaron que estos abusos habrían ocurrido en un contexto marcado por racismo, misoginia extrema, corrupción y creencias supremacistas, lo que habría facilitado la impunidad durante años. Por ello, solicitaron una investigación independiente e imparcial que esclarezca cómo estas violaciones pudieron mantenerse sin freno durante tanto tiempo.
Además, criticaron los “graves fallos” en la divulgación de los archivos, que expusieron información sensible de víctimas y podrían ponerlas en riesgo de represalias, estigmatización o manipulación. Entre los firmantes figuran la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, así como expertas en privacidad y libertad de reunión, quienes insistieron en que la protección de las víctimas debe ser prioritaria en cualquier proceso judicial o mediático.lc