Homan defendió que la misión migratoria seguirá activa y que las cifras de arrestos y deportaciones se mantendrán, en línea con la política de mano dura impulsada por el presidente Donald Trump. El cierre parcial se produjo después de que el Senado no lograra aprobar un proyecto de ley republicano para financiar al DHS hasta septiembre, bloqueado por la mayoría de los demócratas, quienes consideran insuficientes las limitaciones a las operaciones del ICE. Las redadas han generado protestas y están vinculadas a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.
El receso legislativo podría prolongar la paralización, aunque más del 90 % de los 270.000 empleados del DHS seguirá trabajando. El cierre afecta únicamente a las agencias bajo su estructura, como ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la TSA, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y FEMA. ICE ha sido el rostro más visible de las políticas migratorias del Gobierno, con operativos en ciudades de mayoría demócrata como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles. A pesar del conflicto político, la secretaria del DHS, Kristi Noem, mantiene margen para reubicar fondos y garantizar la continuidad de las operaciones migratorias.lc