Santo Domingo.- Participación Ciudadana presentó su Séptimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado exclusivamente al caso SENASA, también identificado como “Caso Santiago Hazim y compartes”. El documento tiene como propósito facilitar a la ciudadanía la comprensión de un proceso penal de alto impacto público, destacando que este caso afectó directamente la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”. Hasta 2020, SENASA era considerado un modelo de gestión, pero según el informe “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”.
Las denuncias derivaron en una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción abarca 537 páginas; Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información. El informe aclara que dicha síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, cifras, valoraciones y calificativos jurídicos corresponden al expediente penal y no representan opiniones propias de la organización.
Entre los principales hallazgos del expediente, el Ministerio Público sostiene que se “creó una estructura de crimen organizado”, se “obstruyó la transparencia interna”, se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”, se “adulteraron y falsearon los estados financieros” y se “distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución”.
El expediente atribuye sobornos superiores a 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos. En cuanto a los programas utilizados para el desvío de fondos, se documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó entregas iniciales de RD$100 millones, transferencias por RD$529,068,000.00, nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00 y pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024. El expediente también recoge que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, evidenciando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario. Asimismo, la acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización, generando sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15. En materia financiera, el Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”, mediante un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna detectó posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados previamente remitidos. La investigación también atribuye al imputado ingresos ilícitos por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, incluyendo la adquisición de bienes de lujo mediante empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos. Finalmente, el Ministerio Público califica los hechos como “actos típicos, antijurídicos y culpables”, subsumiéndolos en delitos de corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.lc