El anuncio se hizo público después de que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, confirmara el pacto para regularizar a alrededor de medio millón de personas. Según explicó, podrán acceder quienes estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia.
La residencia podrá demostrarse mediante empadronamiento municipal u otros documentos como informes médicos, contratos de suministro eléctrico o comprobantes de envío de dinero. Una vez admitida a trámite la solicitud, los solicitantes recibirán una autorización de residencia y trabajo por un año, y se suspenderán automáticamente los procedimientos de retorno.
El debate se produce en un contexto en el que el número de personas en situación administrativa irregular continúa en aumento. De acuerdo con el centro de análisis Funcas, España registra actualmente 840.000 migrantes sin regularizar. El 91% proviene de países americanos, con especial presencia de colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). Les siguen, a distancia, personas de origen africano (50.000), asiático (15.000) y europeo (14.000).
Estas cifras corresponden al periodo previo a la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo de 2025, la cual introdujo mecanismos más flexibles para acceder a la regularización por arraigo.lc