América Latina y el Caribe se suman al mundo para conmemorar esta fecha, cargada de memoria y resistencia, es mucho más que un símbolo: es una jornada de denuncia, reflexión y exigencia de acciones concretas para erradicar una de las violaciones de derechos humanos más persistentes y devastadoras de nuestro tiempo. En 2025, la región llega a esta cita con cifras alarmantes, avances legislativos significativos pero aún insuficientes, y una sociedad civil que, pese a los obstáculos, sigue impulsando el cambio desde las calles, los medios y las instituciones.
Origen y significado: Las hermanas Mirabal y la raíz latinoamericana del 25N
El origen de la fecha está profundamente anclado en la historia latinoamericana. La fecha fue elegida en memoria de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa—, activistas dominicanas brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Su crimen, perpetrado en un contexto de represión política y violencia patriarcal, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género.
Las Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, no solo fueron víctimas, sino símbolos de resistencia y organización política. Su historia, inicialmente silenciada, fue rescatada por el movimiento feminista latinoamericano en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1981, donde se propuso el 25 de noviembre como día de denuncia internacional. En 1999, la Asamblea General de la ONU oficializó la fecha, reconociendo la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos y un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz.
La memoria de las Mirabal sigue viva en la región, inspirando marchas, campañas y políticas públicas. Como expresó Minerva Mirabal: “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”. Su legado trasciende la tragedia y se convierte en motor de transformación.
La violencia contra las mujeres ha sido reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos y una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la ONU en 1993, la define como “todo acto de violencia basado en el género que tenga como resultado, o pueda tener como resultado, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (1994), fue pionera al establecer obligaciones concretas para los Estados: prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia, así como garantizar la reparación y la protección de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Este tratado, ratificado por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ha sido clave para impulsar leyes integrales y políticas públicas en la región.
Otros instrumentos relevantes incluyen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y las Estrategias Modelo de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos ellos insisten en la necesidad de un enfoque integral, preventivo y con perspectiva de derechos humanos.
Cifras regionales: Un diagnóstico urgente y persistente
Las estadísticas más recientes confirman que la violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia silenciosa en América Latina y el Caribe. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres de 15 años o más en la región ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. La violencia ejercida por la pareja es la forma más común: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años la ha experimentado, y el 21% de las adolescentes la ha vivido antes de cumplir los 20 años.
El feminicidio, la expresión más extrema de esta violencia, mantiene cifras alarmantes. En 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región, lo que equivale a 11 muertes cada día. En los últimos cinco años, la CEPAL ha registrado al menos 19.254 feminicidios en América Latina y el Caribe.
Las tasas más elevadas se observan en Honduras (4,3 por cada 100.000 mujeres), Guatemala (1,9), República Dominicana (1,5), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia (1,4). Chile presenta la tasa más baja (0,4). La mayoría de los feminicidios son perpetrados por parejas o exparejas: en República Dominicana, el 81% de los casos; en Puerto Rico, el 100%.
El subregistro sigue siendo un desafío crítico. Muchas agresiones no se denuncian por miedo, desconfianza o revictimización, y numerosos homicidios de mujeres no son investigados con perspectiva de género. La impunidad y la falta de datos unificados dificultan la dimensión real del problema. América Latina y el Caribe han sido pioneras en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una grave violación de derechos humanos y un desafío estructural que exige respuestas legislativas integrales. En la actualidad, todos los países de la región cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia, y 14 han promulgado leyes integrales que abordan todas sus manifestaciones.
La tipificación del feminicidio como delito penal se ha incorporado en 20 países, lo que ha permitido visibilizar y sancionar la expresión más extrema de la violencia de género. Además, 11 países han ratificado el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y 11 han creado centros de atención integral para víctimas.
Sin embargo, la implementación efectiva de estas leyes enfrenta desafíos persistentes: falta de recursos, coordinación interinstitucional deficiente, subregistro de casos, acceso limitado a la justicia y ausencia de reparación efectiva para las víctimas. La voluntad política debe traducirse en compromisos presupuestarios y acciones sostenidas.lc