Punto de mira

Futuro incierto: pacto político clave para Venezuela

Un tanque armado se pasea por los barrios de Caracas durante ejercicios militares en septiembre de 2025. (Foto: Ariana Cubillos/AP Photo/picture alliance).
Xiomara Martínez | Viernes 07 de noviembre de 2025
La situación en Venezuela es crítica, marcada por la represión y un estancamiento económico. A pesar de reformas, las sanciones de EE.UU. dificultan la recuperación. La represión estatal ha aumentado tras elecciones fraudulentas, limitando los derechos humanos y fomentando la migración. El futuro depende de un pacto político que estabilice el país.

Santo Domingo.- La incertidumbre ya es una vieja costumbre en Venezuela. Ante un futuro incierto, la inercia se convierte en política de Estado. A pesar de la latente amenaza militar de EE.UU. en el Caribe apuntando a la caída de Nicolás Maduro, la vida cotidiana de los venezolanos parece mantenerse con el mismo ritmo. La sociedad se enfrenta a las mismas dificultades desde hace varios años: un laberinto económico y la erosión del espacio cívico. Sin un desenlace claro al conflicto externo con EE.UU. , algunos se preguntan ¿qué pasará si no pasa nada en Venezuela?

Las bases de la oposición en Venezuela ya han superado varias promesas incumplidas de un cambio de régimen democrático. Con cada oportunidad arrebatada, el régimen se refuerza y aumenta la represión contra opositores, disidentes y posibles traidores al proyecto político chavista.

Más diálogo, menos sanciones

La administración de Nicolás Maduro ha cumplido en hacer reformas estructurales al modelo económico del chavismo como resultado de la crisis del 2017. Sin embargo, el éxito de eso cambios se ven impactados por las sanciones que EE.UU. aplica contra Venezuela.

El economista Victor Álvarez comenta a DW que "aun sin cambio de régimen, está en marcha un cambio económico. Para sobrevivir a las sanciones económicas y a la caída del ingreso petrolero, se levantaron los controles de cambio y de precios, se abandonó la política de expropiaciones y comenzó un proceso de reprivatización y estímulo a la inversión privada”.

Álvarez advierte de que los efectos positivos de esas reformas están anulados por las sanciones de EE.UU., que impiden flujos de capital, encarecen el dólar y generan inflación importada. "Si no hay negociación política, la continuidad del actual régimen significa la prolongación y endurecimiento de las sanciones petroleras, que impedirán la recuperación del ingreso externo y de los ingresos fiscales”, explica Álvarez. En su lectura, las sanciones no solo castigan al Gobierno, sino que han convertido a Venezuela en un tablero geopolítico, forzando su acercamiento a Rusia, China e Irán.

En conversación con Deutsche Welle, la economista Tamara Herrera asegura que Venezuela "enfrenta las dificultades propias de un gobierno que no logra ejecutar con eficacia ni siquiera las partes ágiles de su propio modelo económico y del marco de severas sanciones económicas”. Aunque reconoce que la administración de Maduro ha aprendido de sus errores, advierte que los riesgos de la inflación siguen latentes, sobre todo ante la caída de los precios del petróleo y la prolongación del bloqueo financiero.

En términos económicos, Venezuela tiene margen técnico para crecer en 2026, pero carece de oxígeno político y financiero para hacerlo. Para evitar caer nuevamente en una espiral hiperinflacionaria, Victor Álvarez también augura que "el Gobierno profundizará la privatización de empresas deficitarias que dependen de las transferencias del gobierno central y se han convertido en una carga fiscal. Para Álvarez, "el ajuste fiscal lo están pagando los trabajadores”.

Ambos economistas proyectan un 2026 marcado por la precariedad, salvo que se produzcan acuerdos políticos que relajen sanciones y estabilicen la macroeconomía. En ausencia de estos cambios, el escenario más probable será una continuidad del estancamiento, con baja inflación contenida por depresión económica, gasto público reducido y salarios públicos congelados. En palabras de Herrera , "es primordial fortalecer la economía, sin ella no hay país y no es posible proveer infraestructura, salud, educación o cultura”.

Espacios cívicos cercados

La represión estatal fue la estrategia aplicada para enfrentar el descontento de los venezolanos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Cuando las instituciones leales a Maduro lo proclaman presidente con resultados contrarios a las actas electorales que presentaron gran parte de los testigos en las mesas de votación, se extinguieron para muchos las esperanzas democráticas para un cambio.

El director de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Oscar Murillo, habló con DW sobre los comicios del 28 de julio, cuyo fraude, según él, supuso "la consolidación del modelo autoritario y violador de Derechos Humanos que el país ha sufrido hasta ahora, la definitiva extinción de la democracia”.

La disputa postelectoral ha resultado en un aumento de represión del Estado con cifras históricas de presos políticos (más de 1000) y en la ruptura del orden democrático, pero aseguró la continuidad del régimen. La permanencia de Maduro en el poder vislumbra una profundización del "andamiaje jurídico, policial y militar para criminalizar y obstaculizar el ejercicio de los derechos” explica Murillo. "Se restringirán aún más las garantías” advierte Murillo, "en medio del cierre del espacio cívico, la extinción de la democracia y el Estado de derecho”.

En el diagnóstico que presenta Oscar Murillo, con la continuidad de Maduro aumentarán las cifras históricas de abusos que ha dejado lo que PROVEA llama "una década oscura para los Derechos Humanos, en la que se han registrado ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas, arbitrarias y desapariciones forzadas”.

Entre el silencio y la migración

Con DW también habló una ONG defensora de derechos humanos que pidió permanecer en el anonimato, como parte del protocolo de seguridad que mantienen para seguir operando en Venezuela. La fuente subraya que el miedo ha sustituido la protesta: solo en el primer semestre del año las manifestaciones disminuyeron en un 48 por ciento, no por falta de razones, sino por represión y autocensura. La imagen es de una sociedad paralizada, sometida a un control cada vez más "inteligente, menos visible, más quirúrgico”.

El cierre del espacio cívico y el miedo alimentan la migración venezolana, que ya se cataloga como la mayor ola migratoria de América. Lejos de ser una válvula de escape temporal, la migración se convertirá en la pérdida estructural de capital humano. Murillo la define como una consecuencia directa de la ausencia de derechos y oportunidades, mientras la ONG anónima advierte que el país "se va quedando sin su futuro, que es la gente joven”. Las remesas, aunque alivian necesidades básicas, no sustituyen la pérdida de capacidades productivas ni la fractura emocional de los hogares divididos por la diáspora.

Los expertos advierten que, si no se soluciona la crisis política, se perpetúa el autoritarismo en Venezuela. A su vez, la recuperación económica bajo una continuidad del régimen depende de una solución negociada más allá de los factores externos. En este ciclo, la sociedad civil se convierte en el último dique moral y la economía en el terreno donde se mide la resistencia cotidiana. Los entrevistados coinciden en que el 2026 se perfila como un año decisivo: o Venezuela logra un pacto político que reactive la confianza y la inversión, o se consolidará la combinación más peligrosa de todas: estabilidad autoritaria con pobreza estructural.lc

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